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La orden publicada en el Boletín Oficial de Castilla y León determina los criterios para asegurar la continuidad asistencial durante la jornada de paro. El ámbito de la convocatoria abarca todo el territorio nacional, con la excepción de Ceuta y Melilla, y comprende la totalidad del turno del 28 de noviembre. En este contexto, la administración autonómica considera imprescindible asegurar la prestación de servicios vinculados al derecho a la protección de la salud. La normativa establece que los centros deberán disponer del personal necesario para atender actividades que no pueden interrumpirse sin afectar a los usuarios.
El documento fija el número de profesionales que deberán permanecer operativos en cada provincia. En el ámbito hospitalario, los servicios mínimos se concretan en 49 TCAE de mañana, 42 de tarde y 25 de noche en Ávila; 124 de mañana, 102 de tarde y 72 de noche en Burgos; 18 de mañana, 12 de tarde y ocho de noche en Aranda de Duero; 17 de mañana, 17 de tarde y ocho de noche en Miranda de Ebro; 174 de mañana, 130 de tarde y 84 de noche en León; 46 de mañana, 35 de tarde y 31 de noche en El Bierzo; 73 de mañana, 44 de tarde y 27 de noche en Palencia; 161 de mañana, 126 de tarde y 98 de noche en Salamanca; 46 de mañana, 33 de tarde y 19 de noche en Segovia; 49 de mañana, 36 de tarde y 24 de noche en Soria; 130 de mañana, 107 de tarde y 71 de noche en Valladolid oeste; 160 de mañana, 104 de tarde y 59 de noche en Valladolid este; 16 de mañana, 14 de tarde y 11 de noche en Medina del Campo; y 81 de mañana, 50 de tarde y 38 de noche en Zamora.
En Atención Primaria, la orden establece 16 TCAE en León, 10 en El Bierzo, 21 en Salamanca, seis en Segovia, tres en Soria, 13 en Valladolid oeste, 14 en Valladolid este y dos de mañana y una de tarde en Zamora. Estos dispositivos buscan mantener operativos los servicios imprescindibles, como la atención continuada y las actividades asistenciales que requieren intervención directa del personal técnico.
La administración autonómica considera que la fijación de estos servicios mínimos permite compatibilizar el derecho a la huelga con el mantenimiento de los servicios públicos esenciales en el sistema sanitario.
