El Consejo de Ministros abrirá el curso con la declaración de zona catastrófica en cientos de miles de hectáreas quemadas

El Consejo de Ministros aprobará este martes el primer paquete de medidas de respuesta a la ola de incendios que han arrasado más de 350.000 hectáreas en España y declarará la zona afectada por emergencia de protección civil en varios de los territorios afectados en lo que será el primer paso para la concesión de ayudas económicas y fiscales a la población y las empresas damnificadas.
Todo el Gobierno de Pedro Sánchez cerrará este domingo las vacaciones estivales y retomará mañana lunes la actividad política centrado en la recuperación de las zonas calcinadas por las llamas. La declaración puede ir seguida, entre otras medidas, de ayudas económicas a particulares por daños en vivienda habitual y enseres de primera necesidad, aunque La Moncloa aún no ha avanzado los detalles.
En paralelo, el Consejo de Ministros relanzará una comisión interministerial para dar respuesta al cambio climático. Al frente del organismo se situará la vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Sara Aagesen, quien contará con la colaboración del Ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, como responsable de Protección Civil.
El principal cometido de esta comisión –que existe desde el 30 de diciembre de 2011 por decisión de Mariano Rajoy nada más llegar al poder– será impulsar el pacto de Estado por el clima anunciado por Sánchez. El presidente del Gobierno manifestó esta semana que su vocación es involucrar a la sociedad civil y a todas las administraciones, incluidas las comunidades gobernadas por el PP.
Sánchez avanzó que llevará el debate a la Conferencia de Presidentes autonómicos que se celebrará en Asturias en el último cuatrimestre del año para convertir a las autonomías en una “pieza esencial” del mismo, y lograr “unidad” política para “implementar todas las políticas de prevención, respuesta y reconstrucción” cuando se produzcan estas “calamidades”. Los populares, sin embargo, recelan de sus intenciones.
La presidenta de la Junta de Extremadura, María Guardiola, deploró tras la visita de Sánchez a Jarilla que “los ciudadanos están un poco cansados de que, en medio de una emergencia y de su sufrimiento”, se hagan este “tipo de anuncios”. Y el PP le acusó de imponer “la ideología” para “polarizar” en medio de la tragedia. “Es como si en medio de un tsunami traes un pacto de Estado por los océanos, no sirve nada”, respondió la portavoz del PP en el Congreso, Ester Muñoz, el pasado lunes.
También se ha desacreditado su apuesta por la comisión interministerial. “El que no es capaz de aprobar un presupuesto quiere salvar el planeta y pretende hacerlo con el mismo pacto que hace 3 años y ahora una comisión que lleva 7. Insolvencia total”, deploró Muñoz el jueves.
Confrontación política
El Consejo de Ministros aprobará así el primer paquete de medidas en plena confrontación política entre los dos principales partidos políticos. PSOE y PP se responsabilizan mutuamente de la virulencia de las llamas con reproches cruzados en la utilización de medios y los planes de prevención.
La escalada verbal alcanzó el nivel máximo de decibelios cuando el vicesecretario de Análisis Electoral del PP, Elías Bendodo, llamó “pirómana” a la directora general de Emergencias, Virginia Barcones. Un día antes, Barcones reprochó a los gobiernos autonómicos del PP que le pidieran “cosas imposibles” y enviaran “una lista innumerable” solicitando medios para “no tener que hablar de su propia gestión” en la extinción de los incendios forestales.
La falta de medios estatales y la lentitud en su despliegue ha sido una de las principales críticas de la oposición al Gobierno. El PP se ha repartido los papeles con sus barones para atacar la gestión del Ejecutivo desde Madrid y guardar la institucionalidad en sus comunidades autónomas, aunque algunos barones, como Guardiola, han sugerido que la falta de “rapidez” de la Administración estatal agravó los focos. Los populares, además, han atribuido “negligencias” al Ministerio del Interior por no elaborar un catálogo de recursos disponibles que debía estar en funcionamiento desde 2020.
Desde el Ejecutivo, sin embargo, han defendido en todo momento que se desplegaron todos los efectivos disponibles desde el primer momento y ministros como Óscar Puente –exacalde de Valladolid- se han hecho eco de que la Junta de Castilla y León mantuvo recursos estatales parados mientras su presidente, Alfonso Fernández Mañueco, pedía más al Gobierno. Las elecciones castellanoleonesas son las siguientes en el calendario político y se celebrarán, como tarde, el 15 de marzo.