
Los docentes piden a la Junta una implantación ordenada y planificada del nuevo sistema de FP
Reclaman que la Consejería de Educación atienda sus reivindicaciones “y así ofrecer la calidad educativa que merece la escuela pública”.
El secretario general del PSOECyL asegura que el cierre de La Bañeza se debe a “una decisión empresarial” y una falta de “seguimiento de las subvenciones”.
Provincia04 de junio de 2025El secretario general del Partido Socialista de Castilla y León, Carlos Martínez, pidió hoy al Gobierno autonómico que “deje de mirar hacia otro lado y asuma su responsabilidad y competencias” ante el cierre de la fábrica de la Azucarera en La Bañeza, así como que “deje de buscar únicamente soluciones en ‘papa Estado’ y el Partido Socialista, que es quien está siempre”.
Martínez demandó “la aportación y la suma de las voluntades políticas de todas las administraciones” para poder buscar una solución a un planteamiento que “obedece a una decisión empresarial y a una falta de diálogo de la empresa con los responsables competenciales en el seguimiento de subvenciones que tienen que tener una justificación y un retorno”. Así, lamentó que “no ha habido un seguimiento de las subvenciones porque la Junta de Castilla y León estaba a otras cosas que no eran hacer un seguimiento al sector”.
En este sentido, denunció que “la puesta de perfil permanente que tiene Alfonso Fernández Mañueco abocando a situaciones que afectan a 160 familias y, de forma indirecta, a otros muchos sectores que van desde el transporte hasta la agricultura” y que requieren de “la implicación total y absoluta de quienes son los responsables”, porque “no puede ser que siempre estén para colgarse medallas cuando todo va en positivo y nunca se les encuentre cuando vienen mal dadas”.
“Hay una situación extrema para una comarca en un sector absolutamente estratégico y necesitamos que la administración autonómica, que no ha hecho nada hasta la fecha, se ponga a trabajar y a aportar soluciones, en vez de buscar responsabilidades donde no están”, insistió el secretario autonómico del PSOE.
Frente a al “desidia” del Gobierno autonómico, Martínez abogó por “una mayor implicación y soluciones encima de la mesa”, que “deben pasar por la cooperación de todas las administraciones, incluido el Gobierno de España”.
Así lo trasladó hoy el socialista minutos antes de reunirse con el comité de empresa de la fábrica azucarera de La Bañeza, para “ponerse a su disposición para trabajar codo con codo con ellos y poder poner negro sobre blanco en cuáles son las dificultades”, convencido de que “no se puede entender que en una provincia como la de León, que es la primera productora de remolacha, hoy se quede sin la Azucarera por una solución empresarial y por la falta de diálogo de la Junta con ellos”.
Dejación de funciones
A la reunión también acudieron la vicesecretaria general del PSOECyL, Nuria Rubio, y el secretario provincial socialista, Javier Alfonso Cendón, quien lamentó no comprender “por qué ha habido una dejación total de funciones por parte de la Junta” que “no ha hecho un seguimiento de la situación del sector y, particularmente, de la planta de La Bañeza cuando ha habido fondos y financiación de por medio”.
Por este motivo, Cendón consideró que “tiene que ponerse manos a la obra con la empresa para preservar el trabajo”, al tiempo que afirmó que “el Gobierno de España acompañará con los mecanismos que tiene”. En este sentido, quiso matizar que el Mecanismo RED solicitado por la Consejería de Industria “no podría aplicarse”, ya que “se utiliza cuando se necesita una transformación de un determinado sector”.
No obstante, “hay varios mecanismos que se podrían activar, pero tienen que ser solicitados por la Junta de Castilla y León”, a la que el socialista leonés pidió que “aclare con transparencia las negociaciones que hay por delante”.
Reclaman que la Consejería de Educación atienda sus reivindicaciones “y así ofrecer la calidad educativa que merece la escuela pública”.
Alcampo trasladó a los sindicatos en la reunión de este jueves que podría aceptar que el ERE anunciado el pasado mes de abril solo afecte a 580 trabajadores -130 menos que la oferta inicial- si estos aceptan que varios establecimientos de los que inicialmente iban a cerrar pasen a tener una jornada comercial ampliada, de siete días a la semana.
Reclaman que la Consejería de Educación atienda sus reivindicaciones “y así ofrecer la calidad educativa que merece la escuela pública”.
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