Unos 200 tractores y cerca de un millar de personas a pie han participado hoy en la primera tractorada convocada por las organizaciones agrarias Asaja, Ugal-Upa, Ucale-Coag y UCCL, bajo el lema 'Exigimos precios rentables y normas flexibles', y que se ha celebrado en el marco de las protestas que están realizando estas últimas semanas los agricultores y ganaderos.
Provincia23 de febrero de 2024 RML
Las organizaciones agrarias, que habían realizado un llamamiento a la "unidad" en la convocatoria de la protesta, no han contado con el apoyo de Decaleón, la plataforma de agricultores y ganaderos, por lo que esta nueva tractorada por las calles de la capital leonesa ha contado con menos participación que la última que se celebró.
Aun así, la presencia de esos varios centenares de tractores desde primera hora de la mañana en la ciudad ha generado problemas de tráfico, especialmente por el centro de la capital, por donde ha discurrido el desfile de tractores, acompañados por un buen número de personas a pie.
Durante la marcha, los manifestantes han realizado dos paradas, la primera de ellas ante la sede de la Subdelegación del Gobierno en León, donde el subdelegado, Faustino Sánchez, ha recibido a los responsables provinciales de las organizaciones agrarias convocantes, que le han entregado un documento con sus reivindicaciones.
CONSEJO DE MINISTROS
Del mismo modo, los manifestantes se han trasladado posteriormente hasta la sede de la Delegación Territorial de la Junta de Castilla y León en la provincia leonesa, donde el delegado, Eduardo Diego, del mismo modo, ha recibido a las organizaciones, que también le han hecho entrega del mismo documento.
Eduardo Diego les ha emplazado al Consejo Agrario Provincial que se va a celebrar el próximo 14 de marzo y en el que se abordarán aquellas medidas que se adopten en el Consejo de Ministros de la Unión Europea que va a tener lugar este lunes 26 de febrero.
El delegado ha recordado que la mayoría de las reivindicaciones plasmadas en el documento que han entregado hoy al delegado son objeto de revisión y exposición en los distintos Consejos Agrarios Provinciales que se convocan periódicamente a lo largo del año y en los que participan como interlocutores estas organizaciones agrarias.
En él se recogen las principales peticiones que, en este caso, están realizando las opas a las administraciones para abordar soluciones a los problemas del sector y que han generado esta ola de protestas de las últimas semanas.
Así, Asaja, Ugal-Upa, Ucale-Coag y UCCL han reclamado por su parte la revisión del Plan Estratégico de la PAC para "flexibilizar" las exigencias medioambientales, concretamente la eliminación del barbecho, la rotación y la diversificación de cultivos, además de que "no haya ninguna limitación" a la siembra de maíz.
REIVINDICACIONES
También han demandado para terceros países las "mismas normas" de producción y comercialización que en la Unión Europea y considerar a Ucrania como un "país tercero" y, por lo tanto, "imponer cuotas y aranceles a sus exportaciones", así como "acabar" con el oligopolio de los abonos.
En materia fiscal, son partidarios de reducir los impuestos especiales y el IVA de los carburantes y de la electricidad, promover la libre competencia para que haya una bajada de los precios y actuar a través de la Ley de la Cadena Alimentaria para "impedir la venta a pérdidas" y reforzar al productor en la negociación de contratos.
Otro de los puntos es la revisión de toda la normativa en materia de sanidad y bienestar animal, tratamientos fitosanitarios; la mejora de los pastos en los montes públicos con desbroces y quemas controladas, que el lobo deje de ser especie "especialmente protegida, y que se indemnicen la totalidad de los daños que provoquen las especies salvajes en la cabaña ganadera y en los cultivos.
Autorizar el uso de Nuevas Técnicas Genéticas (NTG) y Organismo Modificados Genéticamente (OMG) para obtener productos más resistentes al cambio climático y a las plagas y enfermedades, y facilitar el control de las malas hierbas.
También, normalizar todas las ayudas a la modernización de explotaciones, derogar el Plan Hidrológico de la Cuenca del Duero, cerrar el mapa de la modernización del regadío, así como un plan de inversiones para aumentar la capacidad de agua embalsada, o seguros agrarios que indemnicen al cien por cien, entre otras.
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