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El texto legislativo modifica dos apartados del artículo 8 de la ley vigente. La propuesta establece que el límite del 33 por ciento solo se aplicará a la Junta de Castilla y León, sus organismos autónomos, empresas públicas, fundaciones, entes dependientes y las instituciones del propio Parlamento autonómico. De este modo, quedarían fuera del cómputo otras administraciones públicas cuya contratación había provocado que algunos medios quedaran excluidos por superar el límite global, situación que ha derivado en recursos judiciales.
La tramitación requiere informes jurídicos y la admisión previa por la Mesa de las Cortes. Si no implica alteración de ingresos o aumento de gasto, se podrá incorporar al orden del día de un pleno para su toma en consideración. Las fechas manejadas sitúan este trámite en la última sesión del periodo ordinario, los días 16 y 17 de diciembre, aunque podría habilitarse enero para una sesión adicional si fuera necesario.
En su exposición de motivos, la proposición reconoce la existencia de lagunas en los procedimientos de contratación y adjudicación, así como la necesidad de concretar criterios ante el auge de los medios digitales y las redes sociales. El documento incorpora principios rectores relacionados con la veracidad informativa y la prohibición de financiar medios que difundan bulos o desinformación, condicionando esta exclusión a la existencia de sentencias firmes.
En materia de límites, el artículo único aclara que, si el CIF de la entidad propietaria del medio agrupa varias actividades económicas, solo computará el volumen de negocio vinculado al medio concreto. También modifica el régimen de prohibiciones para la adjudicación de campañas cuando existan sentencias firmes reiteradas por vulneración del honor, la intimidad o por delitos de odio relacionados con la actividad periodística. Se detallan los supuestos necesarios para considerar que existe reiteración, así como escenarios que permitirían levantar la prohibición si el medio acredita medidas de prevención efectivas o concurren razones de interés público. Prevé además audiencia al medio afectado antes de aplicar la exclusión.
Una reforma insuficiente que no garantiza la supervivencia del ecosistema local
La propuesta socialista, aunque corrige una parte del problema generado por la ley de junio, resulta claramente insuficiente para proteger a los medios locales. Limitar el 33 por ciento solo a la Junta y sus entes alivia un escenario injusto, pero no afronta el núcleo del desequilibrio: la ausencia total de tramos diferenciados de contratación en función del volumen de ingresos.
Los medios de proximidad, especialmente los digitales y los que operan en municipios rurales, no disponen de estructuras financieras comparables a las de los grandes grupos mediáticos. Sin un sistema escalonado que permita porcentajes superiores para empresas pequeñas o microempresas, la ley continúa penalizando a quien más depende de la publicidad institucional para subsistir. Esto perpetúa un modelo que favorece la concentración y debilita el pluralismo informativo en zonas donde el ecosistema mediático ya es frágil.
El texto tampoco contempla mecanismos de compensación, fondos de apoyo o cuotas de distribución obligatoria por ámbitos territoriales. Sin estas medidas, la reforma apenas corrige un aspecto técnico de la norma, pero no aborda la desigualdad estructural que padecen los medios locales de Castilla y León.
En resumen, la iniciativa introduce matices relevantes, pero no garantiza la viabilidad ni la estabilidad del sector local, que sigue necesitando una protección real y un marco de financiación adaptado a su tamaño y función social.
