La Asociación para la Conservación y Estudio del Lobo Ibérico (Ascel) ha calificado de "indecente" la colocación de un cepo por parte de la Junta por el "riesgo" que supone "para personas y demás fauna doméstica y salvaje", y por "incumplir alegremente una Ley Orgánica" cuando una Administración debe "dar ejemplo y atender escrupulosamente la legislación vigente".
CyL14 de febrero de 2024 RML
Naturalistas de Ascel que realizaban seguimiento de la población de lobo ibérico en la Comarca de Montes Torozos (Valladolid) localizaron en un camino público "al menos cinco cámaras de fototrampeo y una de vigilancia fija que apuntaban a un lugar del mismo donde se encontraba un cepo destinado a capturar lobos".
Acto seguido acudieron a un cuartel de la Guardia Civil para interponer una denuncia administrativa "por infracción de la Ley Orgánica de Protección de Datos", ya que, a su juicio, las cámaras se encontraban "activadas en un camino público y no existía señalización alguna que advirtiera de su presencia o de que el tránsito era una zona videovigilada".
Una inspección requerida del Seprona, relata la asociación a través de un comunicado, en la zona localizó las cámaras y el cepo. "Tras pesquisas, consta que cámaras y trampa fueron colocadas por personal de la Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio de la Junta, con el fin de capturar lobos para radiomarcaje y seguimiento de ejemplares que la Junta está realizando", añade la información.
"La falta de transparencia, soporte científico, ética en los procedimientos y, sobre todo, la ausencia de objetivos concretos que justifiquen estas labores, hacen que en Ascel tengamos serias dudas sobre dicha iniciativa de radiomarcaje de ejemplares de lobos en Castilla y León, máxime cuando lo lidera y ejecuta una Administración como la Junta que pretende (como es público y notorio) eliminar la protección actual de la especie y volver al modelo anterior basado en la muerte de ejemplares por caza y controles", ha ahondado.
Ascel recuerda que la Junta "tiene la obligación de cumplir y hacer cumplir las leyes y de utilizar aquellas partidas presupuestarias concedidas por el Ministerio para la conservación del lobo en acciones encaminadas a conservar el lobo, sin desviar esos fondos públicos hacia actividades de muy dudosa legalidad en ejecución, en finalidad y objetivos".
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