La Junta defiende ante el Comité de Las Regiones en Bruselas la flexibilización de la legislación en el entorno del lobo

El consejero de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio, Juan Carlos Suárez-Quiñones, ha participado hoy en un debate sobre los grandes carnívoros en el evento ‘Coexistencia de ganadería y grandes carnívoros en Europa’ en el Comité Europeo de las Regiones de Bruselas. Una reunión a la que ha sido invitado por sus convocantes, que son las Comisiones ENVI y NAT del Comité de las Regiones y por el Intergrupo de Biodiversidad, caza y medio rural del Parlamento Europeo. En su intervención, el consejero ha enfatizado la posición de la Junta de Castilla y León sobre el tema de la gestión del lobo, compartida por otras comunidades autónomas del noroeste de España, como son Galicia, Asturias y Cantabria y apoyada por la mayoría de las Comunidades Autónomas y ciudades autónomas de España. Esta posición difiere de forma radical de la postura adoptada por el Gobierno de España, que es contraria a la defendida tanto por estas comunidades como por Rumanía y muchos países de la Unión Europea que respaldaron la idea en el Consejo de Agricultura los pasados 26 y 27 de junio de 2023 de estudiar la flexibilización de la Directiva Hábitats sobre el régimen jurídico de los grandes carnívoros, como el lobo.

El consejero ha señalado que Castilla y León y las regiones del noroeste español, que tienen en su territorio el 98 % de la población del lobo de España, y más lobos que muchos países de la UE, comparten íntegramente la posición de Rumanía. También lo hacen la mayoría de los Estados Miembros, como lo manifestaron en el Consejo de Ministros de Agricultura de los pasados 26 y 27 de junio. Y también el Parlamento Europeo en la Resolución de 24 de noviembre de 2022, que en una posición histórica pidió a la Comisión y a los Estados, entre otras muchas medidas, el estudio la flexibilización de la normativa europea para reducir el conflicto y los daños en la ganadería extensiva por los grandes carnívoros. También el 25 de noviembre de 2022 la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von ver Leyen, encargó a los servicios de la Comisión Europea un análisis en profundidad sobre el aumento de las poblaciones de grandes carnívoros en algunas regiones de la Unión Europea y la problemática de los daños a la cabaña ganadera”, ha declarado Suárez-Quiñones.

Rumanía presentó una serie de peticiones a la Comisión Europea en el mencionado Consejo de Ministros de Agricultura sobre el régimen jurídico europeo para los grandes carnívoros, proponiendo una evaluación de la situación de la población de los grandes carnívoros (especialmente el lobo y el oso) y la posible flexibilización del régimen de la Directiva Hábitat. Estas propuestas incluyen la monitorización del estatus de conservación de estas especies, así como medidas de apoyo y compensación a la ganadería, independientemente de la Política Agrícola Común (PAC). La postura fue secundada por 11 países de la Unión, y no así por parte del gobierno de España.

El consejero de Medio Ambiente Vivienda y Ordenación del Territorio, ha rechazado las acciones del Gobierno de España, que se opone a buscar la flexibilización del régimen de protección del lobo de la Directiva Europea Hábitats, y ha endurecido las medidas de protección en España retirando a las comunidades autónomas las competencias de gestión de la especie, lo que ha provocado un aumento significativo de los ataques a la ganadería extensiva y semi-extensiva en la Comunidad en 2022, llegando a 5.000 cabezas de ganado muertas, un 20 % más que el año anterior, y en aumento. Suárez-Quiñones ha señalado que estos ataques llevan al abandono de explotaciones ganaderas, poniendo en peligro la producción de alimentos de calidad, aumentando el riesgo de incendios forestales y contribuyendo a la despoblación del medio rural, y generando daño social y económico para el noroeste rural si no se deroga de inmediato la inclusión del Lobo en el LESPRE.

Suárez-Quiñones ha explicado que “trabajamos y trabajaremos por ponernos, como país, al lado de estados miembros como Rumanía y una lista larga de ellos que defiende que, después de 30 años de directiva hábitats, en buena lógica, la situación de hecho es necesariamente distinta, siendo otra la Unión, la situación de las poblaciones y los intereses en juego, y exige que la Unión y los estados estudien con profundidad y decisión cuál es la situación real de conservación de la especie, monitoricen la misma y se determinen las medidas de flexibilización de la directiva y del régimen de sus Anexos”. En el debate se habló de cómo alcanzar la paz en este tema, manifestando el consejero que “alcanzar la paz en esta situación consiste en eliminar o rebajar al máximo el conflicto mediante la vuelta a un equilibrio razonable, pero tampoco hay paz sin Justicia, y en la actual situación no la hay ni para los ganaderos ni para el mundo rural”.