El Consejo de Gobierno ha aprobado hoy la primera contratación de cinco unidades de brigadas para la realización de trabajos preventivos de incendios forestales fundamentalmente, aunque podrán intervenir también en tareas de extinción, por un importe de 7.641.717 euros, junto con otra inversión por importe de 2,5 millones para suministro de material de protección para el personal del operativo de lucha contra los incendios.
CyL08 de junio de 2023 RML
En el primer caso, la contratación de estas brigadas se extiende hasta 2026. Cada unidad de brigada está integrada por una autobomba forestal, un vehículo Todoterreno 4x4, un jefe de Unidad, un conductor-peón y cinco especialistas. Además, el servicio contará con un técnico coordinador y todos los elementos auxiliares necesarios para el desarrollo del servicio.
Las unidades se ubicarán en las provincias de Ávila, Burgos, León, Salamanca y Zamora, pero podrán actuar en cualquier punto de la Comunidad y en comunidades limítrofes. La contratación está financiada con fondos FEDER.
La contratación de estas unidades, novedosas en este ámbito, es fruto del Acuerdo de la Comisión de Seguimiento en Materia Forestal del Diálogo Social para la mejora del operativo de lucha contra incendios forestales de la Junta de Castilla y León 2023-2025, que abarca ámbitos tan variados como la dotación de personal, su formación y seguridad o la contratación reforzada de medios de extinción, de modo que se mejore la eficacia del operativo en la prevención y extinción de grandes incendios forestales.
El objeto es la contratación de un servicio de lucha integral contra incendios forestales formado por cinco unidades de brigadas: las de las provincias de Ávila, León, Salamanca y Zamora comenzarán a operar en 2023 y se unirá a ellas la de Burgos en 2024.
Todas ellas estarán integradas por una autobomba forestal pesada de doble cabina, un vehículo todoterreno 4x4, un jefe de Unidad, un conductor-peón y cinco especialistas, cuyas principales tareas serán la ejecución de trabajos preventivos en las zonas asignadas a cada unidad para adaptar el espacio forestal a la defensa contra los incendios, impidiendo su origen y propagación.
Además, participarán de forma activa en la extinción de incendios forestales en un primer ataque en su zona preasignada de despacho y como equipo de refuerzo en los ataques ampliados dentro de los Planes de Operaciones realizados en los Centros de Mando.
Aunque cada unidad se ubica en las provincias de Ávila, Burgos, León, Salamanca y Zamora, podrán actuar en cualquier punto de Castilla y León, así como en otras comunidades autónomas limítrofes, en el marco de los convenios de colaboración en materia de extinción de incendios forestales que tenga la Comunidad. Excepcionalmente, los medios podrán asistir a cualquier lugar del territorio nacional para colaborar en labores de extinción de incendios forestales, acordes con su preparación y equipamiento.
En cada anualidad, a partir de 2024, las Unidades de Brigada y Autobomba (UBAS) estarán trabajando nueve meses activándose a lo largo del año en función del riesgo.
Entre las actuaciones principales que desarrollarán estas brigadas se encuentran la restauración de terrenos afectados por incendios forestales, incluyendo realización de semillados o plantaciones, triturados, elementos de contención de erosión con materiales del entorno (fajinas, albarradas) y control de plagas; tratamientos silvícolas (cortas, clareos, resalveos, podas, desbroces, tronzados, desramados, apilados y recogida, saca o eliminación de restos), preferentemente en labores preventivas de incendios y localizados en áreas o elementos estratégicos para la prevención; mantenimiento de infraestructuras del monte, tales como captaciones, pilones, depósitos de agua, refugios, abrevaderos, apriscos, muros o análogos,y otras mejoras del medio natural desde el punto de vista preventivo y de adecuación al riesgo. Llevarán a cabo, además, prácticas de tendidos de manguera o de coordinación con otros medios.
Las unidades podrán intervenir, si son requeridas para ello, en la extinción de incendios forestales, actuando como medio de ataque inmediato dentro de sus zonas de actuación, primando el ataque directo, siempre que sea posible, y apoyando, según instrucciones, en el ataque indirecto.
También actuarán en las labores de refuerzo (ataque ampliado) encomendadas por los Centros de Mando o los directores técnicos de Extinción de incendios. Actuarán siempre bajo la dirección del Puesto de Mando Avanzado constituido en el incendio.
La contratación de estas unidades será financiada a través del Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER).
MATERIAL DE PROTECCIÓN
Pero además, el Consejo de Gobierno ha aprobado también hoy el contrato de suministro de diverso material de protección individual y equipos complementarios de seguridad y prevención de riesgos en las labores de prevención y extinción de incendios forestales por un importe 2.545.365 euros.
La compra de este material busca contribuir a evitar o reducir los riesgos a los que se encuentran expuestos los trabajadores propios de la Junta de Castila y León que participan en el operativo de lucha contra incendios forestales en la realización de dichas labores.
El expediente está dividido en 18 lotes que incluyen: cascos, buzos, gafas de protección, mochila, cinturón ignífugo, peto portaemisoras, guantes de intervención, botas especiales para incendios forestales, botas vigilantes, vestuario para vigilantes, accesorios ignífugos -camiseta, cuello, chaleco-, parka ignífuga, y material complementario que incluye tapones auditivos, mascarilla autofiltrante, cantimplora y frontal de luz, y botiquín individual.
Respecto a los puntos de entrega, el suministro se llevará a cabo por centro de trabajo, estableciéndose un único centro de trabajo por provincia y otro para la Dirección General de Patrimonio Natural y Política Forestal, es decir, en total se establecen diez centros de trabajo donde se efectuarán las correspondientes entregas.
En cuanto a los plazos de entrega, anualmente se realizarán hasta un máximo de cuatro entregas por cada centro de trabajo, en el tiempo y forma estipulado por la Administración.
El plazo de ejecución de este suministro es de dos años y se extiende hasta diciembre de 2024.
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