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La Junta incorporará la figura del cazador formado como persona habilitada para realizar el primer examen sanitario sobre el terreno de las piezas abatidas, con el que se pretende dar respuesta a los requisitos de salud pública y animal. Así lo recoge el proyecto de decreto por el que se regulan las condiciones sanitarias de la carne de caza en Castilla y León con destino a consumo humano, y que recoge también establecer el marco normativo de la actividad de los veterinarios colaboradores que realizan el control de los animales silvestres abatidos en la actividad cinegética.
Con esta iniciativa legislativa se pretende dar respuesta a la necesidad de regular en la Comunidad, los requisitos de salud pública sobre higiene y controles sanitarios de la carne de caza destinada a consumo humano, a través de un establecimiento de manipulación de la carne, comercializada por el propio cazador de forma directa o a través de establecimientos de ámbito local o destinada a autoconsumo.
Por otra parte, también se pretende potenciar el sistema de comunicación de aparición de enfermedades a los servicios veterinarios implicados en la sanidad animal, así como la participación del cazador formado y los veterinarios colaboradores en el sistema de vigilancia sanitaria de enfermedades de los animales.
El texto señala que regular el aprovechamiento de las carnes obtenidas en las distintas actividades cinegéticas que se practican en el territorio constituye una “herramienta básica” para garantizar la seguridad sanitaria de los consumidores que hacen uso de este tipo de carnes y “preservar la salud de la cabaña ganadera y la fauna silvestre de Castilla y León, actualizando la normativa autonómica y adaptándola a la normativa europea y estatal”.
Objetivos
El objeto principal de esta norma es garantizar que la carne obtenida de las piezas de caza abatidas en actividades cinegéticas, destinada a autoconsumo de los propios cazadores o a entrar en la cadena de comercialización, “no suponga ningún riesgo sanitario para los potenciales consumidores de la misma ni para la cabaña ganadera y la fauna silvestre”.
Como reto secundario también se pretende que todos los actores implicados sean garantes del “correcto cumplimiento” de la normativa en materia de recogida, transporte, uso y eliminación de los subproductos no destinados al consumo humano, procedentes de los animales abatidos durante las actividades cinegéticas.
Al respecto, el presidente de la Federación de Caza de Castilla y León, Santiago Iturmendi, señaló que, aunque la Junta no se ha puesto en contacto con ellos, están al corriente “desde que salió la ley Sandach, que es de obligado cumplimiento” y necesita la adaptación de las regulaciones autonómicas.
Hasta ahora, recordó, cada cazador, si quiere la carne para autoconsumo, “es él quien realiza el análisis preceptivo, por ejemplo, de un jabalí o un ciervo, pero con veterinario, que es obligatorio, y para evitar sobre todo la triquinosis”. En todo caso, según incidió, esta ley es, “en exclusiva”, para capturas de más de 20 reses y más de 60 puestos de caza mayor, pero “se excluyen batidas menores”.
Iturmendi, en declaraciones a Ical, recordó que la Junta “aplica” una norma que ya se había aprobado en el ámbitos europeo, si bien dudó de la “capacidad de tanta cantidad de cazadores habilitados y veterinarios para poder asistir a las monterías”. Igualmente, advirtió de que esta medida supondrá un “aumento de costos” para el colectivo de cazadores, “porque al veterinario oficial hay que abonarle los gastos”.
Sin embargo, celebró que “todo lo que sea en aras de mayor calidad y control de la carne de caza es positivo”, dado que son animales “no sujetos a ningún control veterinario”. “Eso sí, siempre que se tomen las medidas encaminadas a que ese control sea eficaz, rápido y con el menor coste posible para cazadores”, resumió.
