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Bajo el lema "El monte no olvida", el colectivo ha diseñado un calendario de marchas que recorrerá los puntos geográficos donde los incendios del pasado verano causaron mayores daños. Esta iniciativa se presenta como una respuesta directa ante la pérdida de biodiversidad, la destrucción de hectáreas y el riesgo al que se exponen los núcleos de población rural cada periodo estival. Los trabajadores consideran que la situación actual del operativo es insuficiente para garantizar la seguridad de los montes y de los profesionales que los defienden.
Las reivindicaciones se centran en la necesidad de implementar un modelo de prevención real que se extienda durante los doce meses del año. Actualmente, el personal denuncia que la gestión prioriza el ahorro presupuestario y los recortes sobre la planificación técnica rigurosa. Esta falta de inversión estable deriva en condiciones laborales precarias y en una carencia estructural de medios materiales que, a juicio de los convocantes, compromete la eficacia de las labores de extinción cuando se producen las emergencias.
La asociación reclama un operativo totalmente público, profesionalizado y dotado de recursos suficientes para abandonar el actual sistema, al que califican de ineficiente. El colectivo subraya que cada verano se repiten las mismas carencias estructurales, lo que convierte la campaña de incendios en un riesgo previsible para la economía rural y la seguridad ciudadana. Por ello, solicitan un cambio profundo en la dirección de la política forestal que priorice la protección del territorio frente a la propaganda institucional.
El llamamiento a la movilización se ha hecho extensivo a asociaciones vecinales, plataformas sociales y entidades culturales de las áreas afectadas. El objetivo es unificar el descontento de quienes habitan en el medio rural y sufren la angustia permanente de los incendios. Los trabajadores insisten en que la administración tiene la responsabilidad de proteger el futuro de las próximas generaciones, evitando que la degradación del entorno natural hipoteque la viabilidad de los pueblos de Castilla y León.
Las ocho marchas previstas para este mes de marzo servirán para visibilizar estas demandas en las provincias con mayor siniestralidad forestal. Los convocantes esperan que la presión social impulse la adopción de medidas concretas antes del inicio de la próxima campaña estival, evitando que se repitan los incidentes registrados en años anteriores debido al abandono de los montes y la falta de planificación técnica.
