RML
El texto establece medidas de coordinación instrumental en un contexto de riesgo creciente en todo el territorio nacional, con incendios de comportamiento más rápido y complejo. El objetivo es ordenar la respuesta pública con criterios homogéneos y reducir fallos operativos cuando intervienen varios dispositivos de distintos niveles de gobierno.
La norma articula cinco actuaciones principales. La primera es la calificación homogénea de las unidades de extinción, una clasificación común que permite identificar capacidades de manera comparable y facilitar la integración de recursos cuando confluyen equipos de diferentes administraciones. La segunda es un protocolo común para el uso de medios aéreos, con criterios técnicos unificados para elevar la seguridad y la eficiencia de operaciones con aeronaves en escenarios cambiantes.
La tercera medida introduce indicativos de radio unívocos, con una codificación armonizada para las comunicaciones operativas. El objetivo es disminuir el riesgo de errores en transmisiones durante situaciones de alta presión, cuando el intercambio de información es constante y cualquier confusión puede tener consecuencias inmediatas en el terreno.
La cuarta actuación aprueba una simbología común para mapas operativos. Este estándar busca que todos los equipos interpreten del mismo modo la información geoespacial y puedan tomar decisiones en tiempo real con un lenguaje gráfico compartido, especialmente en despliegues con múltiples mandos y recursos distribuidos.
La quinta línea fija estándares de seguridad y equipos de protección individual (EPI), alineados con la normativa de prevención de riesgos laborales, para garantizar una protección homogénea del personal interviniente. El enfoque pone el acento en la seguridad de quienes actúan sobre el terreno, tanto en labores de ataque directo como en tareas de apoyo y coordinación.
Estas medidas se integran en el sistema común de gestión de emergencias previsto en la Ley 43/2003, de Montes, y se enmarcan en el trabajo técnico de órganos especializados de coordinación, con participación de las administraciones competentes. La norma pretende reforzar la cooperación operativa respetando el reparto competencial y mejorar la respuesta conjunta ante incendios de gran magnitud, con impacto directo en la ciudadanía, los recursos naturales y la continuidad del servicio público de extinción.
