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El colectivo sostiene que el relato institucional sobre lo ocurrido en la última campaña no coincide con la experiencia de quienes actuaron sobre el terreno ni con lo vivido por vecinos de localidades afectadas. Mantienen que se ha construido un discurso ajeno a la realidad operativa y que con ello se estaría evitando asumir responsabilidades por la gestión y por compromisos adquiridos que, aseguran, no se han materializado.
Entre las principales quejas sitúan el reconocimiento profesional de quienes trabajan en la extinción. Afirman que a día de hoy no se les reconoce como bomberos forestales, pese al riesgo de su trabajo, y denuncian condiciones salariales y laborales que describen como insuficientes para sostener plantillas estables. En ese marco citan una retribución de 1.200 euros mensuales, una formación que consideran limitada y una precariedad que, añaden, favorece la rotación y dificulta la continuidad en el sector.
El comunicado incorpora también demandas relacionadas con los agentes medioambientales. Señalan que estos asumen la dirección de extinción en más del 90 por ciento de los incendios forestales, pero continúan sin una ley autonómica que regule sus funciones, lo que, a su juicio, provoca inseguridad jurídica y complica la toma de decisiones en escenarios de emergencia.
En el plano organizativo, el colectivo vuelve a plantear dos reclamaciones ya presentes en movilizaciones anteriores: el reconocimiento de la categoría de bombero forestal y la conformación de un operativo cien por cien público sin empresas intermediarias. Añaden que existen modelos similares en otras comunidades autónomas gobernadas por el PP y denuncian que en Castilla y León se han negado de manera reiterada medidas equivalentes.
Por último, los trabajadores vinculan la mejora del dispositivo a un cambio en el enfoque del gasto público. Reclaman que el presupuesto tenga un impacto directo en la gestión y el estado de los montes, y cuestionan que el esquema actual beneficie a un entramado de empresas privadas. Todavía no ha trascendido si la Consejería prevé abrir una mesa de negociación con un calendario concreto ni qué medidas podrían incorporarse antes de la planificación de la próxima campaña.
