Izquierda Unida demanda un plan de reconstrucción y ordenación del territorio que evite futuros daños por grandes incendios

Los portavoces de Izquierda Unida presentarán, en todos los ayuntamientos de Castilla y León donde tienen representación, mociones en apoyo a las zonas afectadas por los incendios. En ellas exigen a la Junta una política clara en la lucha contra los incendios forestales, un operativo de prevención y extinción totalmente público y la aprobación, con el Gobierno de España, de un Plan de Resiliencia y Recuperación. La organización exige, además, la dimisión director general de Patrimonio Natural y Política Forestal, José Ángel Arranz, y la del consejero de Medio Ambiente, Juan Carlos Suarez-Quiñones.
“Los incendios no son una catástrofe natural inevitable, son la consecuencia directa del abandono institucional y de una gestión forestal irresponsable por parte de la Junta de Castilla y León”, explican desde la formación en un comunicado difundido por Ical. De acuerdo con la organización, la red de 35 empresas privadas contratada por la Junta de Castilla y León para la prevención y extinción de los incendios “vive del dinero público y precariza el trabajo de las y los bomberos forestales”.
Izquierda Unida denuncia que “la mala gestión de la Junta en la prevención ha hecho perder una gran cantidad de fondos públicos”. La organización señala que la extinción del fuego cuesta de media unos 20.000 euros, por lo que la Junta podría haber invertido un total de aproximadamente tres millones de euros en la extinción de incendios. “Si hubiera habido una adecuada prevención durante el resto del año el ahorro económico para las administraciones públicas podría haber sido inmenso y esos recursos podrían invertirse en la mejora de los servicios públicos como sanidad, educación y servicios sociales”, señalan.
La moción finaliza con seis demandas. La organización exige a la Junta una “política clara en la lucha contra los incendios forestales, aumentando los recursos públicos dedicados al mantenimiento y conservación de nuestras áreas forestales”. Para ello instan a la Junta a cambiar su gestión forestal para orientarla hacia la prevención y a realizar un Plan de autoprotección para las localidades de comarcas forestales. Instan a que el operativo de prevención y extinción de incendios sea totalmente público y funcione todo el año “y a que se negocie en las Cortes de Castilla y León una Ley de Bomberos y Bomberas forestales para nuestra Comunidad”.
Además pide al Gobierno de España y a la Junta que aprueben un Plan de Resiliencia y Recuperación para Castilla y León, “dedicando los esfuerzos económicos y de medios necesarios para compensar a las vecinas y vecinos afectados por los incendios y recuperar las zonas calcinadas”. La organización exige, por último, la dimisión de quienes señala como “responsables”: el director general de Patrimonio Natural y política forestal, José Ángel Arranz, y el consejero de Medio Ambiente, Juan Carlos Suarez-Quiñones.