UPL reclama una reforma de la Ley de Montes para adaptarla a la realidad leonesa

La petición de UPL se centra en la Ley 3/2009, en vigor desde hace más de una década, que regula el uso de los montes de la comunidad. Los leonesistas consideran que el texto no reconoce las características propias de los montes comunales de León, Zamora y Salamanca, que son propiedad de los vecinos, y que su aplicación uniforme ha generado graves problemas de gestión. En este verano, los incendios forestales han puesto de relieve las deficiencias del sistema, especialmente en las provincias de León y Zamora.

El partido sostiene que la normativa beneficia a otros territorios, como Burgos y Soria, cuyos aprovechamientos maderables cuentan con un reconocimiento específico, mientras que se niega ese tratamiento a la Región Leonesa. Esta situación, apuntan, limita la capacidad de los pueblos para limpiar y desbrozar sus montes, lo que incrementa la acumulación de maleza y madera seca y complica las labores de prevención frente al fuego.

Otra de las críticas se centra en las restricciones que impone la Ley tras un incendio, ya que prohíbe el acceso del ganado durante cinco años y anula la validez de los terrenos afectados para recibir ayudas de la Política Agraria Común (PAC). Los sindicatos agrarios advierten que estas condiciones dificultan la continuidad de la actividad ganadera y empujan a muchos habitantes del medio rural a abandonar sus explotaciones por falta de alternativas.

UPL vincula esta situación con el avance de la despoblación en las zonas rurales, al considerar que la normativa, en lugar de apoyar al sector primario, lo obstaculiza con trámites burocráticos y limitaciones que reducen la capacidad de los vecinos para gestionar sus propios recursos. Reclaman, por ello, una reforma legislativa que reduzca la burocracia y que atienda de forma específica a las necesidades de los montes leoneses, permitiendo a los pueblos mantener un equilibrio entre conservación, prevención de incendios y desarrollo económico.

La propuesta se enmarca en un contexto de creciente malestar en el medio rural, donde agricultores y ganaderos denuncian que la actual regulación contribuye a la pérdida de población y al abandono de los territorios. Aunque la Junta de Castilla y León no ha anunciado cambios inmediatos, la presión social y política abre de nuevo el debate sobre la necesidad de adaptar la Ley de Montes a realidades diversas dentro de la comunidad.