Las delegaciones territoriales de la Junta en León, Burgos, Zamora, Palencia, Ávila y Segovia autoevaluarán su calidad este año

El grado de ejecución del plan anual de actuaciones en materia de calidad por parte de la Junta de Castilla y León fue superior al 94 por ciento durante el pasado año, mientras que el de 2025 contempla el inicio de procedimientos de auto evaluación en las delegaciones territoriales, que se llevará a cabo en León, Burgos, Zamora, Palencia, Ávila y Segovia, mientras que el próximo año se hará en Valladolid, Salamanca y Soria.
Así lo trasladó este lunes en León el consejero de la Presidencia, Luis Miguel González Gago, quien resaltó que este sistema se trata de “una medida novedosa que van a efectuar los propios empleados públicos de la Junta”, sobre quienes afirmó que “son quien más y mejor conocen los servicios autonómicos”. De esta forma, la Delegación Territorial leonesa se someter a una evaluación por un número de empleados públicos mucho más numeroso que “van a valorar cómo está funcionando la Junta de Castilla y León”.
El consejero explicó que esta autoevaluación se trata de “un proceso, objetivo, riguroso, técnico y estructurado de la actividad que realiza cada una de las unidades de la Delegación Territorial”, llevado a cabo mediante “un día diagnóstico de su situación”, lo que “permitirá también compararse posteriormente con el funcionamiento de otros órganos similares de otras administraciones públicas”.
Ese análisis se efectúa “tanto en el funcionamiento interno de los propios empleados como hacia fuera en la medida que estos tengan contacto con los ciudadanos, con las empresas, con las asociaciones o entidades con las que se relacionan” para así “mirar el grado de eficacia de los servicios administrativos”.
El proceso sigue un modelo europeo estandarizado, el modelo EFQM, que está implantado por la Fundación Europea para la gestión de la calidad y que “responde a por qué existe la administración pública como tal”, para comprobar que “los máximos responsables de las diferentes unidades trasladan los objetivos, los valores y el diagnóstico a los diversos empleados de su departamento”.
La segunda pregunta que se plantea el modelo EFQM es “cómo se está actuando”, con lo que se busca que cada unidad tenga detectado “cuáles son sus grupos de interés, qué perfil ciudadano tienen en función de sus competencias y de sus servicios y en qué medida se están optimizando y utilizando adecuadamente los recursos económicos, tecnológicos y materiales”. Finalmente, el modelo EFQM analiza los resultados para “conocer aquello en lo que la administración puede mejorar”.
Luis Miguel González Gago insistió en que esta autoevaluación es realizada por los empleados públicos, “con la ventaja de que tienen una doble condición”, ya que “son ciudadanos que requieren servicios de la propias de las propias administraciones públicas, pero también son los que mejor conocen por dentro la Junta de Castilla y León y su funcionamiento”.
Para llevar a cabo la autoevaluación, cada jefe de servicio va a elegir un grupo de autoevaluación entre los empleados públicos, de entre ocho y 20 personas, que tienen que ser de diferentes grupos y categorías dentro de cada servicio territorial y una paridad en cuanto a mujeres y hombres. En el caso concreto de la Delegación Territorial de León, serán 168 los empleados públicos encargados de la autoevaluación.
Una vez designado ese grupo de trabajo, se les da una jornada de formación para que aprendan la metodología del trabajo, tras lo que tendrán que responder a un cuestionario de calidad anónimo con 166 preguntas sobre diferentes ámbitos de la gestión pública que tendrán que valorar de cero a diez puntos.
Posteriormente, las autoevaluaciones realizadas por esos 168 empleados públicos serán sometidas al análisis pormenorizado de la Dirección General de Atención al Ciudadano y Calidad de los Servicios, que “será la que detecte en qué se está actuando correctamente, pero también aquellos aspectos en los que se puede mejorar la atención al ciudadano”.
De forma paralela al desarrollo de la autoevaluación en las propias oficinas de la Junta de Castilla y León, se desarrollará una campaña de grado de satisfacción ciudadana con “15 preguntas sencillas”, que se puede hacer de forma presencial o telemática, para “conocer también la opinión ciudadana”.
La Junta de Castilla y León espera poder contar con los resultados definitivos de la Delegación Territorial de León en un plazo de entre cinco y siete meses, “contando todo el proceso de formación, realización de la autoevaluación, encuestación ciudadana y el análisis y detección de las propuestas de mejora de la Dirección Genera”.
Medidas de mejora
Para enmarcar el proceso de autoevaluación de la calidad de los servicios, el consejero recordó que un Decreto de la Junta de Castilla y León de 2021 contempla todas las medidas que el Gobierno autonómico “tiene o va a ir implantando para mejorarla”.
Así, en primer lugar se encuentran las cartas de servicios, documentos oficiales que aprueba cada unidad o cada órgano que lo desee y en los que se contemplan “unos compromisos de atención al ciudadano más exigentes que los establecidos en la propia normativa”, de forma que “se pueden reducir plazos de atención presencial, de atención telefónica, de emisión de informes o de resoluciones que tenga que dictar la delegación territorial en ese ámbito”.
Además de esas cartas de servicio, el Decreto también contempla la existencia de los grupos de innovación y mejora, unos grupos configurados en cada una de las delegaciones territoriales y Consejerías a nivel central, con empleados públicos especialmente implicados en la modernización y calidad de los servicios públicos, que también hacen propuestas desde dentro a nivel de mejora o entrega de menor documentación.
Por otra parte, González Gago también aludió a los premios a la calidad de aquellas unidades u órganos que, “específicamente por su involucración en este ámbito”, merecen ser reconocidos y valorados.
Todo ello responde a “una de las prioridades en esta legislatura del presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández”, como es “la mejora y modernización de los servicios públicos” en respuesta a la “preocupación, como administración pública, por las personas, por sus necesidades y por adaptarse a todas sus demandas y requerimientos”.