La nueva normativa de publicidad institucional desata incertidumbre entre medios de comunicación locales

El Colegio Profesional de Periodistas de Castilla y León ha expresado su malestar tras la aprobación, este miércoles, de la reforma de la Ley de Publicidad Institucional en las Cortes autonómicas, una decisión adoptada sin consenso entre los grupos parlamentarios y sin diálogo con los principales actores del sector.

La organización recuerda que la semana pasada convocó una reunión a la que acudieron representantes del PSOE, PP y Grupo Mixto, así como numerosos responsables de medios de comunicación, con el objetivo de frenar o al menos modificar las enmiendas ahora aprobadas. A pesar de este intento de mediación, la proposición de ley salió adelante sin atender las peticiones del colectivo profesional.

En un comunicado, el Colegio subraya que no se opone a reformar la actual normativa, pero considera imprescindible que cualquier cambio se construya sobre una base de diálogo con el propio Colegio, los medios de comunicación y el ámbito universitario. Este paso, según denuncian, no se ha dado. Además, advierten de que algunas de las modificaciones introducidas generan ambigüedad y dejan espacio para interpretaciones dispares, lo que introduce una “gran incertidumbre” en el ecosistema mediático regional.

La preocupación se agudiza en el caso de los pequeños medios de comunicación locales, cuya supervivencia depende en buena parte de las campañas institucionales. Por ejemplo, un medio con unos ingresos anuales de 18.000 euros y cuya facturación depende en más de un 50 % de la publicidad institucional, se enfrenta ahora a un panorama incierto. Si la aplicación de la nueva norma les deja fuera de futuras campañas, el impacto podría ser letal: desde la pérdida de puestos de trabajo hasta el cierre definitivo del proyecto.

Ante este escenario, el Colegio de Periodistas solicitará una reunión con la Dirección de Comunicación de la Junta de Castilla y León para conocer con precisión cuáles serán los criterios de aplicación de la ley, y si se contemplan garantías que eviten perjuicios irreversibles para la viabilidad de los medios más vulnerables.

Mientras tanto, el sector permanece a la espera, con la sensación de que se ha legislado de espaldas a quienes sostienen la pluralidad informativa en el territorio.