La Unión del Pueblo Leonés (UPL) ha solicitado formalmente a la Junta de Castilla y León la entrega de documentación relativa a los contratos de los conciertos organizados con motivo del Día de Castilla y León 2025, tras considerar que los costes anunciados “parecen inusualmente elevados”.
CyL21 de abril de 2025
RML
Según denuncia el grupo leonesista, los importes destinados a la contratación de artistas superan notablemente los cachés habituales de estos en actuaciones recientes, lo que ha despertado sospechas sobre posibles irregularidades en la gestión de los fondos públicos. UPL ha registrado en las Cortes una petición para que se remitan copias de todos los expedientes de contratación, con el objetivo de esclarecer si el proceso se ajustó a la legalidad vigente.
Entre los casos señalados, destaca el del artista Juan Magán, contratado por 177.240 euros para actuar en León, mientras que en actuaciones recientes en Gijón y Gandía su caché osciló entre los 75.000 y los 80.000 euros. También se cuestiona el pago de 102.564 euros a Camela por un concierto en Ponferrada, frente a cantidades que no superan los 65.582 euros en otras localidades. Situaciones similares se dan con Rulo y La Contrabanda, cuyo coste en Zamora fue de 101.924 euros, muy por encima de los aproximadamente 30.000 euros cobrados en municipios como El Ferrol o Málaga. Nil Moliner, por su parte, fue contratado por 66.550 euros para Salamanca, aunque en Vitoria-Gasteiz su tarifa fue de 48.400 euros.
UPL subraya que estos sobrecostes no son casos aislados, sino una tendencia generalizada en todas las contrataciones para las celebraciones autonómicas, que han supuesto un desembolso total de 1.304.100 euros por parte de la Junta.
La formación leonesa advierte que, de no obtener respuestas satisfactorias, podría trasladar sus sospechas a la Fiscalía para determinar si ha existido algún tipo de irregularidad o malversación. Con esta iniciativa, UPL busca garantizar la transparencia en el uso de los recursos públicos y asegurar que los procedimientos de contratación se ajusten a criterios objetivos y legales.
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