El TSJCyL concluye que la Junta tiene la competencia sobre el volumen de las aportaciones a la Fundación del SERLA

Así consta en una sentencia de 3 de noviembre de 2023, de la citada Sala que ha declarado la falta de competencia de la jurisdicción social para cuestionar la legalidad de la Orden de 13 de abril de 2023 de la Consejería de Industria, Comercio y Empleo.

Según ha explicado este miércoles la Consejería de la Presidencia, para alcanzar esta conclusión la Sala de lo Social considera que el acto administrativo de financiación de la Fundación del SERLA "no deriva de las competencias autonómicas en materia laboral o sindical, sino que es resultado de la facultad de organización de la Junta de Castilla y León, y está inspirado en el principio de estabilidad presupuestaria".

La Consejería de Industria, Comercio y Empleo concedió a la Fundación del SERLA mediante la Orden de 13 de abril de 2023 una subvención de 400.000 euros sujeta a "determinadas condiciones y requisitos" y los sindicatos CCOO y UGT interpusieron una demanda a través de la que solicitaron la anulación de esta Orden por entender que la aportación dineraria concedida era "insuficiente".

Según han recordado desde la Consejería de la Presidencia, esta demanda fue interpuesta ante el orden jurisdiccional social, los órganos instituidos por el Estado para el conocimiento y la resolución de los conflictos de trabajo. "Los sindicatos demandantes, por tanto, entendían que la Orden impugnada había sido dictada por la Administración autonómica en el ejercicio de sus competencias en materia laboral y sindical", precisan las mismas fuentes.

En este procedimiento judicial también se personó el Ministerio de Trabajo y Economía Social que mantuvo en la vista celebrada "los mismos argumentos que los sindicatos demandantes".

El SERLA es un sistema de solución autónoma de conflictos laborales de Castilla y León, creado a través de la suscripción de los oportunos acuerdos profesionales entre las organizaciones sindicales y empresariales más representativas de la Comunidad: UGT, CCOO y CEOE CyL.

"Este sistema, constituido tanto por los agentes sociales firmantes de los acuerdos interprofesionales como por la Junta de Castilla y León, tiene la consideración de fundación pública de la Comunidad, en la medida en que es la Administración autonómica la única entidad que financia su actividad", han detallado desde el departamento que dirige Luis Miguel González Gago.

CCOO y UGT han explicado que la sentencia emitida por el Tribunal Superior de Justicia no ha entrado "al fondo" de la demanda y ha declarado la "incompetencia" de la Jurisdicción Social en relación al Serla.

Los sindicatos interpretan que la sala considera que la "naturaleza jurídica" del Serla es competencia del orden "contencioso-administrativo". "Esta sentencia, que remite al contencioso-administrativo para dirimir las extravagancias del Consejero de Empleo, Mariano Veganzones, significa que tendremos que seguir esperando durante al menos dos años, una sentencia que determine si la Junta actuó de manera ilegal en relación al Serla", añade.

De esta manera, a juicio de CCOO y UGT continúa la "incertidumbre" en lo referente a la resolución de conflictos laborales. Además, supone un "grave perjuicio" para las personas trabajadoras y las empresas de la Comunidad, han señalado los representantes de CCOO y UGT en Castilla y León.

Al mismo tiempo, han recordado que ya interpusieron una demanda en materia de impugnación de actos administrativos en materia laboral contra un acuerdo de la Junta y contra la Orden de la Consejería Industria, Comercio y Empleo del 13 de abril de 2023 por la que se concedió 400.000 euros a la Fundación del Servicio Regional de Relaciones Laborales de CyL (Fundación Serla) para la financiación de la actividad en el ejercicio de 2023.

Una cuantía que "redujo un 60 por ciento lo aportado por el Gobierno autonómico el pasado año". "La propuesta, aprobada el 13 de abril, establecía, además, que a partir del 1 de julio quedarían excluidos de la subvención tanto el contrato del director del Serla como los gastos de arrendamiento de sedes, que pasarían a estar en edificios de la administración. Además, el Servicio de Relaciones Laborales intervendría únicamente en los conflictos colectivos, quedando excluidos los individuales entre trabajador y empresa, que hasta entonces sólo operaban en Valladolid, y limitando la intervención a un mediador o un árbitro".

Los sindicatos insisten en que el Serla es un servicio público por lo que la Consejería "no puede decidir ni modificar nada unilateralmente como decidió en dicha propuesta".