La Junta publica las bases de sus ayudas a los intereses de los préstamos para los afectados por la sequía

El valor de la producción estándar (VPE) de cada explotación agraria solicitante será el criterio de la Consejería de Agricultura para determinar el importe máximo de préstamo permitido, con un importe mínimo del mismo de 6.000 euros y hasta un máximo de 60.000 euros por explotación, según ha señalado Asaja Palencia.

El VPE de una explotación se calcula multiplicando, para cada actividad, su coeficiente de producción estándar por el número de unidades de dicha actividad (hectáreas de cada cultivo o cabezas de ganado de cada especie). Este valor se corresponde con la dimensión económica de la explotación.

El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA) es la administración que establece esos coeficientes en el marco de la Red Contable Agraria Nacional (RECAN) y se corresponden con el valor monetario de la producción bruta al precio de salida de la explotación. Se calculan por cada comunidad autónoma, utilizando datos básicos medios a lo largo de un periodo de referencia de cinco años.

Así, para las explotaciones cuyo VPE sea inferior o igual a 25.000 euros, el importe máximo del derecho al préstamo preferencial bonificado será de 10.000 euros; y para las explotaciones con un VPE de entre 25.000 euros y 100.000 euros, será de 40.000 euros. Por encima de los 100.000 euros de VPE, la cuantía bonificada será de 60.000 euros.

PLAZOS
El plazo de presentación de solicitudes de reconocimiento del derecho a la suscripción de un préstamo preferencial bonificado permanecerá abierto hasta el 29 de septiembre.

La bonificación de estos intereses es una de las medidas que anunció la Junta de Castilla y León después de que el pasado 15 de junio declarase en la comunidad la campaña agrícola 2023-2024 como *excepcional*, debido a los efectos producidos por los fenómenos meteorológicos adversos, principalmente la sequía, y "la urgencia en la adopción de las medidas de apoyo al sector agrario".

La excepcionalidad se basó en el acusado déficit de precipitaciones en Castilla y León, "una importante y continuada sequía, causante de graves daños en las explotaciones agrarias de secano situadas en su territorio", según recuerda la orden publicada en el Bocyl.