La capacidad de financiación de la Comunidad se sitúa en el 0,76% del PIB.
Previsión de 34 millones para la mejora de los servicios públicos en municipios de menos de 20.000 habitantes
Los municipios que hayan solicitado las ayudas de este fondo, gestionado por la Consejería de la Presidencia, podrán ejecutar sus inversiones a lo largo de 2023 y 2024, siempre que cumplan con los requisitos de financiación. De los 34.005.288€ previstos para financiar estas inversiones, 20 millones corresponden a dicha consejería, y el resto serán aportados por las diputaciones provinciales y los ayuntamientos.
CyL18 de agosto de 2023 RMLEl Fondo de Cohesión Territorial está concebido como un instrumento de cooperación económica que ayuda a garantizar y a modernizar los servicios públicos del medio rural, y, con ello, la calidad de vida de los ciudadanos. La de 2023 es la segunda convocatoria de estas ayudas, que fueron estrenadas durante el ejercicio anterior, y el plazo para su solicitud cerró en el mes de julio. De esta manera, a día de hoy la Consejería de la Presidencia puede presentar un balance de la resolución de estas ayudas a nivel provincial, cuya concesión efectiva siempre dependerá del cumplimiento, por parte de los municipios, de las condiciones incluidas en su convocatoria.
Consciente de que cada una de las provincias de la Comunidad tiene sus propias dificultades sociodemográficas, el Fondo de Cohesión Territorial introduce dos factores de corrección en los criterios propios del modelo de financiación local de Castilla y León: el primero de ellos es la tasa de paro provincial, que supone un 30% del fondo, y el segundo es la despoblación, que supone un 10%. Este porcentaje se distribuye entre aquellas provincias con una tasa de densidad de población inferior a la media de la Comunidad (25,53 habitantes por kilómetro cuadrado). Por esta razón, existen cuatro provincias que, siguiendo estos criterios, son adjudicatarias de un porcentaje superior del que les correspondería por la aplicación del criterio de financiación local: Soria (un 106,14% más que si se hubiesen seguido dichos estándares), Zamora (un 33,40% más), Ávila (un 26,76% más) y Palencia (un 19,83% más).
Estos factores de corrección introducen un componente solidario entre las provincias de Castilla y León. Sin embargo, no es el único signo de colaboración que rige el reparto de estos fondos: el Fondo de Cohesión Territorial prevé la participación de dos administraciones públicas cuya labor es fundamental para el funcionamiento de los municipios: los ayuntamientos y las diputaciones. Así, estas inversiones también promueven la movilización de fondos propios de estas administraciones, necesarios para completar la financiación de los diferentes proyectos.
Teniendo en cuenta estas condiciones, el reparto de esta partida en cada una de las provincias queda de la siguiente forma:
* Provincia de Ávila: la aportación de la Junta asciende a 2.142.363€: 1.158.393€ para 230 municipios con menos de 1.000 habitantes, y 983.970€ para 17 municipios con entre 1.000 y 20.000 habitantes. El total previsto de recursos movilizados en esta provincia, con las aportaciones de la Diputación y los Ayuntamientos, asciende a 3.628.746€.
* Provincia de Burgos: recibirá de la Administración Autonómica un total de 2.003.140€: 1.318.036€ para 346 municipios con menos de 1.000 habitantes, y 685.104€ para 22 municipios con entre 1.000 y 20.000 habitantes. El total previsto de recursos movilizados es de 3.549.545€.
* Provincia de León: la Junta aportará 3.105.249€: 1.049.703€ para 152 municipios con menos de 1.000 habitantes, y 2.055.546€ para 56 municipios con entre 1.000 y 20.000 habitantes. El total previsto de recursos movilizados asciende a 4.840.135€.
* Provincia de Palencia: la Junta hará una aportación total de 1.862.247€: 926.556€ para 168 municipios con menos de 1.000 habitantes, y 935.690€ para 18 municipios con entre 1.000 y 20.000 habitantes. En esta provincia, el total previsto de recursos movilizados es de 3.100.700€.
* Provincia de Salamanca: la Junta prevé una aportación de 2.530.224€: 1.220.937€ para 334 municipios con menos de 1.000 habitantes, y 1.309.286€ para 27 municipios con entre 1.000 y 20.000 habitantes. El total previsto de recursos movilizados asciende a 4.187.590€.
* Provincia de Segovia: recibirá por parte de la Junta 1.669.630€: 770.809€ para 186 municipios con menos de 1.000 habitantes, y 898.820€ para 22 municipios con entre 1.000 y 20.000 habitantes. El total previsto de recursos movilizados es de 3.465.514€.
* Provincia de Soria: la aportación de la Junta será de 2.129.157€: 1.253.551€ para 175 municipios con menos de 1.000 habitantes, y 875.605€ para 10 municipios con entre 1.000 y 20.000 habitantes. El total de recursos movilizados asciende a 3.674.577€.
* Provincia de Valladolid: la Junta aportará de este fondo la cantidad de 2.118.527€: 662.059€ para 188 municipios con menos de 1.000 habitantes, y 1.456.467€ para 36 municipios con entre 1.000 y 20.000 habitantes. El total previsto de recursos movilizados es de 3.266.075€.
* Provincia de Zamora: la Junta invertirá 2.439.459€: 1.559.683€ para 232 municipios con menos de 1.000 habitantes, y 879.776€ para 15 municipios con entre 1.000 y 20.000 habitantes. El total de recursos movilizados en esta provincia es de 4.292.402€.
Tras presentar este balance, se insiste en que la recepción de estos fondos por parte de los municipios está condicionada a cumplir con las condiciones estipuladas, tanto a nivel de plazos de ejecución como a la adecuación de los proyectos con el objetivo de este programa, es decir, con la mejora de los servicios públicos de los municipios. El consejero de la Presidencia, Luis Miguel González Gago, pone en valor la importancia de esta movilización de inversiones a lo largo del medio rural de la Comunidad, unas inversiones “que ayudan a progresar en el equilibrio de las condiciones de vida en las nueve provincias de Castilla y León, al tiempo que redundan en la mejora de los servicios públicos, crean oportunidades de empleo y, en definitiva, contribuyen a poner freno a la despoblación”.
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CEOE sentencia que resulta “imprescindible superar los obstáculos aún vigentes derivados de la desigualdad estructural de género en el mercado laboral y, de manera más intensa, en el ámbito de la dirección”
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