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El colectivo reclama la implantación urgente de un calendario anual de turnos que garantice la conciliación familiar y evite que la operatividad del servicio dependa del recurso sistemático a las horas extraordinarias. La falta de cobertura de las plazas vacantes en los puestos de trabajo de las zonas afectadas mantiene a las plantillas al límite de su capacidad operativa. Estos profesionales asumen las labores de vigilancia continua, el conocimiento del terreno y la primera intervención ante los avisos de incendio.
La decisión de suspender las guardias pone de manifiesto las deficiencias de un modelo volcado en la extinción durante la época estival que descuida las labores de prevención en los meses de invierno. Los trabajadores exigen una reestructuración de la política forestal que establezca un sistema permanente de gestión del territorio, limpieza de montes, refuerzo de la vigilancia e incremento de la plantilla pública en los municipios rurales.
El rechazo a realizar turnos fuera de la jornada ordinaria sin una planificación previa busca frenar la improvisación en la gestión del operativo de incendios. La carencia de efectivos y la dependencia de la disponibilidad voluntaria de los empleados repercuten de forma directa en la capacidad de respuesta ante las emergencias y en la protección del patrimonio natural de la provincia.
Las movilizaciones previstas para el mes de octubre pretenden forzar una negociación para fijar condiciones laborales estables. Los agentes sostienen que la falta de previsión en los cuadrantes compromete la seguridad de los trabajadores y ralentiza la intervención en caso de conato de incendio en las zonas forestales de mayor valor ecológico.
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