La provincia de León acumula medio centenar de proyectos de obra pública desiertos por la negativa de las empresas constructoras a asumir las contrataciones ante el encarecimiento de los costes

El sector de la construcción ha frenado la adjudicación de contratos al mantenerse los precios base fijados por las administraciones públicas frente a un incremento de los costes en las materias primas y la energía que ronda el 8 por ciento, además del repunte salarial. Del total de 166 obras desiertas registradas en el conjunto autonómico, que suman una pérdida inversora de 39 millones de euros, la provincia de León concentra 50 proyectos sin adjudicar por un importe global superior a los 12 millones de euros. De estas actuaciones paralizadas, 42 corresponden de forma directa a la gestión de la Diputación provincial y de los diferentes ayuntamientos del territorio, acumulando un volumen económico de 10,6 millones de euros que no han encontrado empresas interesadas en su ejecución.

El impacto de esta crisis en la contratación pública afecta a numerosas intervenciones previstas en el ámbito rural y urbano de la provincia. Entre los proyectos más destacados que han quedado sin adjudicar figura la urbanización de la zona de La Barrera en Santa María del Páramo, presupuestada en más de 300.000 euros para la construcción de viviendas unifamiliares, y la digitalización de la red de abastecimiento de agua en varios núcleos del municipio de Fabero, un plan dotado con casi 670.000 euros. Las incidencias alcanzan también a las renovaciones de pavimentos y aceras proyectadas en el Acuartelamiento Santocildes de Astorga, la mejora de las instalaciones deportivas de Onzonilla, el pabellón de usos múltiples de Valdepiélago, la reforma de la residencia de mayores en Cistierna y el desarrollo industrial del polígono de Sahagún.

La dilación en los plazos de tramitación administrativa, que en numerosas ocasiones supera los dieciocho meses entre la redacción inicial del proyecto y su salida definitiva a licitación, agrava el desfase económico. Con márgenes de rentabilidad estimados en torno al 3 por ciento, las empresas constructoras consideran inviable asumir obras cuyos costes reales superan el presupuesto asignado, lo que paraliza de forma sistemática las iniciativas de los consistorios locales.

Los anuncios a bombo y platillo de sus obras públicas morirán con ellas y no generarán anuncios en prensa, llegarán las elecciones y si te vi no me acuerdo. El fracaso una vez más, no provoca explicaciones, ni ruedas de prensa. Total, más de lo mismo.