El consejero de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio, Juan Carlos Suárez-Quiñones, ha denunciado que el Gobierno de España "no da a Castilla y León el dinero por los ataques del lobo por ser una comunidad protestona".
Provincia22 de noviembre de 2022 RML
Para el dirigente autonómico, el hecho de que la Junta haya acudido a Europa para posicionarse contra la prohibición de la caza de esta especie en todo el territorio está pasando factura "a la hora de recibir fondos" compensatorios.
Suárez-Quiñones ha realizado estas declaraciones a preguntas de los periodistas durante una comparecencia que ha tenido lugar en Zamora este martes, en el marco de la inauguración del II Congreso de Coordinación de Policías Locales.
El consejero ha advertido de que si es el Gobierno el que "cambia el paso", deberá ser también el Gobierno "el que se haga cargo de las consecuencias".
A su juicio, la nueva normativa que prohíbe la caza del lobo ibérico "no está sustentada en razones de conservación, sino en cuestiones ideológicas", por lo que "quien toma la decisión debe hacerse cargo de nutrir con fondos lo que ocurra" en el campo.
MÁS DE 8 MILLONES RETENIDOS POR EL GOBIERNO
El consejero ha cuantificado en 8,5 millones de euros el dinero correspondiente a Castilla y León para esta cuestión, una cifra "retenida" por el Gobierno.
Suárez-Quiñones ha recordado que "ese dinero no es de la Junta, sino que es de los ganaderos y ganaderas de Castilla y León", que son los que sufren pérdidas y necesitan compensaciones.
"Pedimos y exigimos al Gobierno de España que pague lo que debe a los ganaderos de Castilla y León", ha reclamado.
Pese a todo, la Junta de Castilla y León "no dejará tirados" a los ganaderos de la región y por eso se habilitará una partida "con efecto retroactivo a fecha 21 de septiembre de 2021, que fue cuando el Gobierno de España tomó esta decisión errónea", como así ha declarado el consejero.
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