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La iniciativa se dirige a profesionales cotizantes a la Seguridad Social por actividad agraria, con superficies de cultivos herbáceos declaradas en la Política Agraria Común en localidades afectadas por los incendios. Asaja mantiene que parte de esos terrenos resultaron calcinados y que, aun así, algunas explotaciones no aparecieron en los listados de beneficiarios de la ayuda directa aprobada por la Junta. Ante esa exclusión, los afectados registraron recursos de reposición, un trámite que, según la organización, debía resolverse en el plazo de un mes.
Cuatro meses después, Asaja afirma que no ha recibido respuesta y que los damnificados siguen sin información sobre el estado de sus reclamaciones. La organización interpreta la falta de contestación como silencio administrativo desestimatorio y asegura que esa situación ha empujado a dar el siguiente paso en vía judicial. En este contexto, considera un "desprecio" que no se haya contestado a los recursos presentados tras los incendios.
El núcleo de la discrepancia se centra en el criterio aplicado para denegar parte de las ayudas. Asaja explica que la Consejería entendió que, al producirse los incendios en la segunda y tercera semana de agosto, los cereales de secano ya estaban cosechados y, por tanto, excluyó parcelas que cumplían esa condición. La organización sostiene que ese razonamiento no se ajusta a la realidad y atribuye la decisión a un planteamiento previo que perjudicó a explotaciones que consideran perjudicadas por el fuego.
Con ese planteamiento, Asaja ha encargado a su despacho de abogados, Álvarez Higuera Abogados, la preparación del recurso contencioso administrativo de forma colectiva. El objetivo es presentar la demanda antes de que finalice el mes. La organización prevé convocar en los próximos días al grupo de afectados socios para explicar la iniciativa y formalizar los poderes necesarios ante abogados y procuradores.
La cuantía que se reclama en el marco de esta acción es de 5.500 euros por explotación afectada. Asaja defiende que el procedimiento pretende corregir la exclusión de profesionales del campo en una línea de ayudas diseñada para paliar los daños derivados de los incendios forestales y cuestiona que la administración no haya ofrecido una respuesta expresa a los recursos presentados.
