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El calendario figura en el Plan Estratégico Muface Avanza2 2026-2028, aprobado a mediados de diciembre, que fija como objetivo culminar la implantación del sistema en la primera mitad de 2026. El despliegue se realiza en coordinación con las comunidades autónomas, el Consejo General de Colegios Oficiales de Farmacéuticos y las entidades concertadas, con el propósito de que la receta electrónica concertada esté operativa en todo el territorio nacional.
Durante 2025, la receta electrónica concertada se extendió a Castilla-La Mancha, Galicia, Aragón, Madrid y País Vasco. Con la incorporación prevista para 2026, el sistema terminará de cubrir las comunidades que aún quedaban pendientes en este tramo. Sirem ya está presente en Cantabria, Canarias, Extremadura, La Rioja, Islas Baleares, Región de Murcia, Principado de Asturias, Comunidad Foral de Navarra, Ceuta y Melilla. Con este mapa, más de la mitad de los mutualistas ya dispone de receta electrónica pública o concertada.
El despliegue del sistema se enmarca en un proceso de digitalización que busca reducir trámites y reforzar el control de la prestación farmacéutica. La implantación de la receta electrónica permite prescindir de la receta en papel en el circuito habitual, facilita la dispensación en farmacia y reduce incidencias administrativas vinculadas a la gestión manual. A la vez, abre la puerta a un seguimiento más detallado del consumo y del gasto farmacéutico público, así como a un uso más racional de los medicamentos.
El objetivo final asociado a este proceso es eliminar por completo la factura en papel. Ese soporte quedará reservado para "casos excepcionales", dentro de una transición hacia la factura electrónica vinculada al sistema de receta.
En marzo de 2025, la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal publicó una evaluación sobre el mutualismo administrativo en la que situó la receta electrónica entre los ámbitos con margen de mejora. Entre sus recomendaciones figuraba acelerar la implantación, incorporar herramientas de apoyo a la prescripción y avanzar en sistemas de soporte clínico, al considerar que existía un desarrollo heterogéneo y limitado, con diferencias marcadas entre comunidades.
Aún se desconoce la fecha exacta de activación del sistema en Castilla y León dentro del primer semestre de 2026, así como el calendario detallado de implantación por áreas sanitarias.
