Reclamación para aprobar una normativa contra la mortalidad de fauna en tendidos eléctricos de Castilla y León

La petición tramitada ante la administración autonómica busca reemplazar la Orden FYM/79/2020, que fue anulada por el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León en 2022. Las entradas en los centros de recuperación de animales silvestres por electrocución o colisión representaron cerca del 13,5 por ciento del total en ese periodo quinquenal, con 874 casos en 2021, 630 en 2022, 640 en 2023, 1.046 en 2024 y 1.034 en 2025.

Entre las especies afectadas se encuentran ejemplares de águila imperial ibérica, buitre negro, quebrantahuesos, avutarda y sisón. Estimaciones basadas en la proporción de hallazgos calculan que la cifra real de grandes aves fallecidas al año en la comunidad por este motivo podría alcanzar los 6.600 ejemplares, dado que las inspecciones de la red de apoyos siguen siendo parciales.

Las medidas planteadas exigen que las resoluciones de aislamiento y corrección abarquen tramos completos de las líneas con riesgo acreditado, en lugar de actuar de manera aislada sobre el poste donde se detecte un ejemplar muerto. La propuesta fijaría un plazo de un mes para que la administración tramite el requerimiento a las empresas titulares y un periodo improrrogable de cuatro meses para la ejecución de las obras, bajo amenaza de expediente sancionador en caso de incumplimiento.

El proyecto normativo solicitado incluye la extensión de los protocolos de seguridad a los mamíferos, además de fijar medidas preventivas en instalaciones eólicas, cristaleras, pistas de pádel, balsas y canales de agua. Asimismo, la propuesta incorpora la creación de un registro público autonómico de mortalidad accesible para la ciudadanía, la integración de la cartografía de tendidos en la Infraestructura de Datos Espaciales de la comunidad y la realización de campañas informativas para facilitar la notificación ciudadana de hallazgos.