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La plantilla del servicio 112 de Castilla y León convoca huelga indefinida desde el 6 de noviembre

Los trabajadores del servicio de atención de llamadas de emergencia 112 de Castilla y León iniciarán una huelga indefinida a partir del viernes 6 de noviembre, con paros convocados el primer viernes de cada mes para exigir el cumplimiento del acuerdo laboral suscrito en 2022.
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La plantilla del servicio de atención de emergencias 112 de Castilla y León, adjudicado a la empresa Ilunion Emergencias, inicia un calendario de movilizaciones con carácter indefinido a partir del 6 de noviembre. La convocatoria contempla paros durante la primera jornada de los viernes de cada mes, a excepción de los días festivos. La prestación del servicio continuará mediante el cumplimiento de los servicios mínimos correspondientes para asegurar la atención telefónica a la ciudadanía.

El motivo del paro radica en los incumplimientos acumulados del acuerdo de empresa alcanzado en 2022 con la intermediación de la administración autonómica. El punto central del desacuerdo se sitúa en la reducción de las rondas de rotación asignadas para mitigar la fatiga laboral del personal. De las 40 rondas estipuladas para los gestores de llamadas únicamente operan 25, mientras que la sexta ronda destinada a las labores de supervisión permanece sin cubrir desde hace más de dos años.

A esta situación se añaden deficiencias en materia de formación técnica, acreditación de competencias lingüísticas y falta de cobertura de vacantes de personal. Durante el presente año se han llevado a cabo tres procedimientos de mediación sin acuerdo formal. Paralelamente, la autoridad laboral ha dictado sanciones administrativas por infracciones en la gestión de cuadrantes y horarios de trabajo, junto con resoluciones judiciales que anularon la exclusión de personal en los turnos de rotación.

Las condiciones reguladas en el acuerdo laboral de 2022 forman parte del expediente administrativo de contratación pública de la Junta de Castilla y León. Ante la proximidad de la finalización del contrato actual, los representantes laborales solicitan la intervención de las áreas de gobierno autonómicas para fiscalizar el contrato y plantean la posibilidad de asumir la gestión directa del servicio de emergencias.

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