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Las Cortes de Castilla y León abordarán este miércoles la toma en consideración de una Proposición de Ley que plantea la creación del Cuerpo de Agentes Medioambientales de la Comunidad. El objetivo de la iniciativa es establecer un marco normativo autonómico propio que regule de forma clara las funciones, competencias y medios de este colectivo, cuya labor resulta esencial en la gestión y defensa del patrimonio natural.
La propuesta pretende que Castilla y León deje de ser una de las pocas autonomías sin una legislación específica para sus agentes medioambientales. El texto desarrolla la Ley básica estatal aprobada en noviembre de 2024 y busca trasladar ese marco a la realidad de un territorio donde la superficie forestal supera el 50 por ciento del total, con más de 5 millones de hectáreas de masa forestal, de las que más de 3 millones son de arbolado.
El planteamiento central es reforzar la figura de los agentes medioambientales, responsables de la vigilancia, control y protección de los montes, ríos, lagunas, fauna, flora y espacios naturales. Su papel se considera estratégico no solo en la conservación ambiental, sino también en la economía rural, ya que supervisan los aprovechamientos forestales, cinegéticos, piscícolas, micológicos, resineros o el corcho, actividades que generan riqueza y empleo en numerosos municipios.
La experiencia reciente en incendios forestales también ha puesto de relieve su importancia: los agentes dirigen el operativo en más del 90 por ciento de los siniestros registrados en la Comunidad y desempeñan funciones de apoyo en emergencias. Durante la pandemia de 2020, por ejemplo, colaboraron en el reparto de medicamentos y en el seguimiento de vecinos en zonas aisladas; más recientemente, han intervenido en situaciones de emergencia como la DANA ocurrida en Valencia.
Actualmente, la ausencia de una ley autonómica específica provoca que las tareas del colectivo se rijan por normas dispersas, lo que genera inseguridad jurídica, dificultades de coordinación y carencias de medios. La propuesta registrada pretende corregir estas carencias, definiendo con claridad sus competencias y creando formalmente un cuerpo propio dentro de la estructura administrativa de la Comunidad.
El texto expone que reforzar la seguridad jurídica y los recursos de los agentes medioambientales contribuirá a mejorar la gestión integral del medio natural y a prestar un servicio público más eficaz, especialmente en el medio rural, donde su labor incide directamente en la prevención de incendios, el control de recursos naturales y la lucha contra la despoblación.
La iniciativa será sometida a debate para decidir si continúa su tramitación como ley autonómica.
