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UPL sostiene que el territorio autonómico, con 94.226 kilómetros cuadrados, es demasiado extenso para estar bajo un único mando superior. En su argumentario, compara ese tamaño con otras realidades administrativas, como Andalucía, que dispone de dos jefaturas, una para la zona oriental y otra para la occidental. La formación mantiene que una división similar facilitaría la gestión del territorio y permitiría una respuesta más ágil en materias de seguridad ciudadana.
Para la denominada Región Leonesa, el ámbito de actuación propuesto abarcaría León, Salamanca y Zamora. UPL subraya el carácter transfronterizo de ese espacio con Portugal como un elemento diferencial para la planificación y coordinación policial. En ese esquema, Zamora sería la sede por su posición geográfica central dentro del territorio, con el objetivo de optimizar tiempos de desplazamiento y coordinación interna.
Los leonesistas cuantifican ese espacio en 38.491 kilómetros cuadrados y una población aproximada de 950.000 habitantes. Con esos datos, equiparan su dimensión demográfica a comunidades como Asturias o Extremadura, que disponen de Jefatura Superior propia. La propuesta incorpora, por tanto, una lectura comparativa basada en población y extensión para sostener la viabilidad del nuevo mando territorial.
En paralelo, UPL plantea una Jefatura Superior para Castilla la Vieja, con competencia sobre Ávila, Burgos, Palencia, Segovia, Soria y Valladolid. Ese bloque abarcaría 55.735 kilómetros cuadrados y una población cercana a 1,4 millones de habitantes. La formación considera que el reparto en dos áreas permitiría una organización más ajustada a la realidad territorial y a la distribución de la población en la comunidad.
Con este objetivo, UPL registró en las Cortes de Castilla y León una Proposición No de Ley para instar al Gobierno a crear dos jefaturas. La iniciativa, presentada en junio, no será debatida en esta legislatura al finalizar el periodo ordinario de actividad parlamentaria. UPL añade que el debate quedó bloqueado en la Comisión de la Presidencia por su Mesa, presidida por el PP, y cita el artículo 42.4 del Reglamento de las Cortes, que establece un plazo máximo de dos meses para concluir la tramitación de los asuntos. La formación anuncia que volverá a registrar la propuesta tras las próximas elecciones autonómicas para que pueda ser votada.
