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El documento sostiene que en los últimos meses dos profesionales con más de veinte años de servicio habrían abandonado sus puestos y que, en uno de los casos, se habría alegado falta de acuerdo con la forma de gestionar del equipo de gobierno. También plantea que la ausencia de un secretario titular estaría obligando a cubrir funciones “de forma puntual” y solo para asuntos imprescindibles, una circunstancia que, añade el comunicado, estaría afectando a la tramitación administrativa ordinaria.
En el apartado económico, la nota afirma que, al cierre del año, no se habría presentado la liquidación de la contabilidad de 2025 ni el borrador de los presupuestos de 2026. Además, señala que no se estaría cumpliendo ni con el programa presentado al inicio del mandato ni con los presupuestos aprobados, sin aportar en ese mismo texto una relación de partidas ejecutadas, modificaciones presupuestarias o acuerdos plenarios que permitan contrastar el alcance de esa afirmación.
El comunicado incorpora también la crítica a un proyecto de residencia para mayores, al que califica de iniciativa sin respaldo técnico o financiero. De nuevo, la denuncia se formula en términos generales: no se especifica si existe memoria, estimación de coste desglosada, calendario, fórmulas de financiación previstas o trámites iniciados, datos que suelen ser decisivos para valorar la viabilidad de una infraestructura de ese tipo.
En el plano social, el escrito vincula la situación municipal con la “huida” de jóvenes y con una caída de matrículas en el colegio público Santo Tirso, llegando a advertir de un posible cierre si la tendencia continúa. Tampoco aquí se incorporan cifras oficiales completas, serie temporal ni el detalle del punto de partida que permita dimensionar el cambio.
El tono del comunicado abre, en definitiva, varias preguntas prácticas: qué expedientes concretos sustentan las “anomalías” mencionadas, qué decisiones o trámites estarían detenidos y por qué se plantea el diagnóstico en este momento. Sin ese nivel de precisión, el mensaje fija un marco de conflicto, pero deja sin describir los hechos verificables que permitirían medirlo y, sobre todo, acotarlo.
