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La convocatoria se articuló a través de la Unión Nacional de Asociaciones del Sector Primario Independiente (Unaspi), que plantea que el tratado supone un riesgo para el campo español y europeo y para la soberanía alimentaria. La organización sostiene que la apertura del mercado comunitario a un bloque agrícola de mayor dimensión introduciría una competencia basada en costes de producción más bajos y en marcos regulatorios distintos, con diferencias en salarios, impuestos y exigencias ambientales, laborales y sanitarias.
En ese contexto, Unaspi vincula el rechazo a Mercosur con la situación económica del sector, que describe como crítica por la pérdida de rentabilidad y viabilidad. La organización atribuye ese escenario al incremento de costes, a los recortes previstos en la Política Agraria Común y a la normativa asociada al Pacto Verde Europeo, que, en su análisis, añade nuevas obligaciones a las explotaciones. También advierte de un impacto sobre producciones agrícolas, ganaderas y frutícolas, al considerar que la entrada de alimentos de terceros países con menores restricciones en el uso de determinados productos fitosanitarios y químicos alteraría las condiciones de competencia.
La organización sitúa la protesta en una tendencia de reducción del número de explotaciones. En su balance, entre 2009 y 2020 se perdieron en España 74.925 explotaciones agrarias y 73.054 ganaderas, un descenso que relaciona con el avance de la despoblación rural y con una mayor dependencia exterior en el abastecimiento de alimentos.
En paralelo a las concentraciones, Unaspi reclamó al Gobierno de España que vote en contra de la ratificación del acuerdo con Mercosur. La organización plantea que la movilización del sector agrario y de la ciudadanía es un factor determinante para frenar el tratado y para revisar políticas que, a su juicio, están debilitando la actividad del sector primario y su capacidad de sostener producción y empleo en el medio rural.
