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Los agentes del Seprona se desplazaron hasta la zona y realizaron una inspección vinculada a la tenencia de perros de distintas razas. Durante la intervención, el propietario fue identificado y quedó investigado en el marco de diligencias judiciales abiertas por una presunta falta de atención y cuidados a parte de los canes.
En la inspección se constató que varios animales no contaban con vacunas obligatorias y que algunos carecían de microchip. También se detectaron deficiencias relacionadas con la tenencia de perros potencialmente peligrosos, entre ellas la ausencia de licencias específicas y de seguro de responsabilidad civil. Además, se apreciaron irregularidades en la situación administrativa del propio núcleo zoológico, al faltar la inscripción requerida.
Al investigado le constan antecedentes por hechos similares, circunstancia que ha sido incorporada al expediente. Por el momento no ha trascendido si los animales han sido retirados de la custodia del propietario o si se ha adoptado alguna medida cautelar sobre el núcleo zoológico mientras avanzan las diligencias.
El procedimiento se encuadra en el delito de maltrato animal, tipificado en el artículo 340 bis del Código Penal. De acreditarse los hechos en sede judicial, la infracción puede llevar aparejada pena de prisión de 12 a 24 meses y una inhabilitación de dos a cuatro años para el ejercicio de profesión, oficio o comercio relacionado con animales y su tenencia.
La investigación busca concretar el alcance de la desatención detectada, el estado sanitario de los 19 perros y el grado de incumplimiento de las obligaciones legales. También se revisa la documentación del núcleo zoológico y la trazabilidad de identificación de los animales, un elemento clave para determinar responsabilidades y garantizar el control sanitario.
La comarca de Tierra del Vino, con un importante peso rural y ganadero, ha registrado en los últimos años actuaciones periódicas vinculadas al bienestar animal y al cumplimiento de requisitos de identificación, vacunación y seguros, especialmente cuando existen perros catalogados como potencialmente peligrosos. En este caso, las diligencias continúan abiertas y la resolución dependerá de la valoración final de los hechos y de las medidas que acuerde la autoridad judicial.
