El Colegio de Periodistas advierte de los primeros despidos tras la aplicación de la nueva Ley de Publicidad Institucional

El Colegio subraya que ya había trasladado a los responsables públicos, antes de la aprobación de la ley, la necesidad de introducir modificaciones para evitar consecuencias laborales y limitar el impacto sobre la estructura mediática de la Comunidad. Sin esas correcciones, señala, el sector comienza a sufrir los efectos previstos: pérdida de puestos de trabajo en redacciones que dependían de contratos de publicidad institucional y un ecosistema comunicativo más vulnerable.

La organización profesional remarca que esta situación se agrava en un contexto en el que 25 medios de comunicación han presentado una reclamación ante el Tribunal Superior de Justicia con el fin de que se adopten medidas cautelares. El recurso plantea que diversos aspectos de la ley contravienen la Constitución y generan un marco restrictivo que altera el funcionamiento habitual del mercado publicitario público.

Entre los elementos más controvertidos figura la introducción de vetos a la contratación con medios que hayan sido condenados mediante sentencia firme. El dictamen del Consejo Consultivo emitido en su día consideraba que este tipo de prohibiciones no pueden ampliarse más allá de lo establecido por la normativa estatal, por lo que su inclusión podría invadir competencias estatales y desembocar en la nulidad de parte del articulado.

El dictamen también señalaba que el límite del 33 por ciento de la facturación anual para la contratación de publicidad institucional carece de apoyo en la legislación básica y se trata de un procedimiento que restringe la libre concurrencia. A juicio del documento, esta limitación introduce un trato desigual entre medios y contraviene el principio de no discriminación.

Otro de los aspectos criticados es el relativo a la subrogación de trabajadores vinculados a concesiones de la televisión autonómica. El informe advertía de que dicha regulación invadía competencias exclusivas del Estado, lo que añadía un segundo foco de inseguridad jurídica a la redacción final.

Mientras se resolverán los recursos planteados y se valoran posibles cambios normativos, el Colegio de Periodistas sostiene que el impacto ya es visible en la estructura laboral del sector. La entidad insiste en que la situación requiere una revisión urgente para evitar que continúe el deterioro del empleo y de la diversidad informativa en Castilla y León.