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El punto más relevante del último pleno extraordinario no es el levantamiento de reparos en sí, sino lo que lo motiva. En la documentación analizada y en la exposición técnica realizada en la sesión se reconoce la existencia de expedientes mal tramitados, ingresos sin trazabilidad clara y un descuadre contable que arroja un saldo negativo de 33.805,28 euros que podría ser solo la punta del iceberg.
Ese dato no es retórico. Es contabilidad pública. Y exige responsables.
La intervención técnica realizada por la nueva secretaria interina es clara en un aspecto clave: no asume responsabilidad administrativa, económica ni judicial sobre el origen de esos desajustes, que atribuye a una etapa anterior. Ese deslinde sitúa el problema en dos figuras concretas que, durante años, concentraron la gestión y el control:
Un equipo con la responsabilidad de formalizar los contratos o procedimientos administrativos con proveedores utilizando sistemáticas legales y trazables. NO es, ni discutible, ni opinable. Es la ley. Sólo cabe una pregunta. ¿se ha hecho todo dentro de la legalidad o se han cometido delitos? Los indicios apuntan en una dirección que tendrá que ser judicializada para preservar los derechos de todos y cada uno de los actores implicados en este asunto.
Los expedientes a los que se hace referencia presentan un patrón común: pagos sin respaldo procedimental completo, ingresos que no constan debidamente incorporados a la contabilidad municipal y decisiones adoptadas sin regularización posterior. No se trata de errores puntuales, sino de una acumulación prolongada en el tiempo.
Aquí la cuestión deja de ser técnica y pasa a ser institucional. La Secretaría tenía la obligación de advertir, bloquear y formalizar. La Alcaldía tenía la obligación de corregir, ordenar expedientes y, llegado el caso, incoar actuaciones disciplinarias o informativas. Ninguna de esas vías se activó durante años, ni de la responsabilidad técnica a la política, ni de la política a la secretaría.
El resultado es un agujero reconocido en sede plenaria y una solución política que evita el origen del problema: pagar y seguir adelante. Pero pagar no borra responsabilidades. Al contrario, las desplaza.
En este punto, las explicaciones ya no pueden resolverse en un pleno. La magnitud del descuadre, la reiteración de los hechos y la ausencia de actuaciones correctoras previas obligan a otra sede. la judicial, al menos para depurar hechos, responsabilidades y posibles omisiones.
Pepe Villa y María Camino González deberán explicar, con expedientes completos y cronología, cómo se generó el saldo negativo, por qué no se actuó antes y qué controles fallaron o se dejaron de ejercer. Ya no basta con declaraciones políticas ni con deslindes genéricos.
Este episodio marca un punto de inflexión. A partir de aquí, cada expediente señalado, cada pago irregularizado y cada ingreso sin rastro exige una explicación individualizada. Y esas explicaciones, por la naturaleza de lo ocurrido, no pueden darse solo en el salón de plenos. De momento el descuadre es de 33.805,28 euros, ¿qué pagos se autorizaron sin regularización previa y qué decisiones firmadas tienen nombre y fecha? No hay otra, cuando el dinero público no cuadra, alguien siempre firmó antes.
