El Ayuntamiento de La Robla inicia el proceso de ocupación de terrenos para dotaciones públicas en Rabanal de Fenar

La resolución, adoptada el pasado 26 de febrero y publicada formalmente este jueves, autoriza la disposición de diversas superficies necesarias para el establecimiento de dotaciones urbanísticas. En total, la operación comprende la ocupación de 552,27 metros cuadrados distribuidos entre cinco parcelas catastrales. Las propiedades afectadas pertenecen a titulares particulares y herederos, localizándose la mayor parte de la superficie en áreas clasificadas como suelo urbano de carácter residencial unifamiliar.

La aprobación del expediente contó con el respaldo de los seis concejales del PSOE, frente a los dos votos en contra de UPL y las tres abstenciones registradas por los representantes de Vox e IU. Esta distribución de voto permite al consistorio avanzar en el procedimiento administrativo bajo el marco legal de la Ley de Urbanismo de Castilla y León. El documento técnico que sustenta la decisión incluye un anexo descriptivo de ocupación y un informe de secretaría emitidos durante el mes de febrero.

Entre las propiedades integradas en el expediente se encuentran parcelas con superficies de ocupación que oscilan entre los 46 y los 185 metros cuadrados. Los terrenos afectados presentan linderos con la propia calle La Rinconada y con otras fincas privadas colindantes. El Ayuntamiento procederá ahora a la notificación personal de los propietarios implicados, quienes dispondrán de un plazo de audiencia de un mes para presentar las alegaciones que estimen oportunas antes de la resolución definitiva.

Los interesados tienen la posibilidad de consultar la relación detallada de bienes y derechos afectados a través de la sede electrónica municipal. Contra este acuerdo, que agota la vía administrativa, cabe la interposición de un recurso de reposición ante el pleno del Ayuntamiento en el plazo de un mes o, directamente, la presentación de un recurso contencioso-administrativo ante los juzgados de León en un periodo de dos meses. El proceso garantiza el derecho de los titulares a la tutela administrativa mientras se consolida la titularidad pública de los espacios para el desarrollo local.