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Suárez-Quiñones explicó que, con la finalización del periodo estival, “en toda España” se desconectan los refuerzos extraordinarios, lo que no equivale a un desmantelamiento del sistema. Indicó que esta práctica es común en todos los dispositivos, incluidos los medios aéreos estatales y las brigadas de refuerzo, y encuadra la situación de Castilla y León en ese marco general de ajuste estacional.
El responsable autonómico defendió que la comunidad ha “dado un paso adelante” con la aprobación de un decreto ley que entrará en vigor el 1 de enero y que reforzará el operativo para homogeneizar su estructura a lo largo de los doce meses del año. Según afirmó, “no va a haber diferencia” entre temporadas, de modo que se garantizará la continuidad del dispositivo con los mismos estándares operativos.
En el escenario actual, ya en noviembre, el consejero sostuvo que “prácticamente todas las cuadrillas” y estructuras se encuentran activas y que el despliegue se ajusta semanalmente para asegurar los medios necesarios fuera del periodo de riesgo alto. Subrayó que el dimensionamiento responde a criterios técnicos y a la planificación de la administración autonómica, con un dispositivo “potente” que opera durante todo el año.
Además, Suárez-Quiñones reclamó al sindicato CSIF que se incorpore a los acuerdos en marcha para “validar” el trabajo desarrollado y las medidas contenidas en los decretos aprobados, que, según indicó, atienden reivindicaciones históricas del personal del operativo. Entre los cambios citó la incorporación de la figura del bombero forestal y mejoras de estructura organizativa.
El consejero no aportó cifras sobre efectivos concretos o medios materiales que permanecerán en servicio hasta final de año. Tampoco detalló el calendario de despliegue ni los protocolos específicos asociados al nuevo marco regulatorio que entrará en vigor en enero. Insistió, no obstante, en que el dispositivo se mantiene activo y en que la normativa aprobada permitirá un refuerzo estable del servicio durante los doce meses.
