Castilla y León aprueba el PRUG de Picos de Europa diez años después de la ampliación del parque

El BOCYL publica el decreto que aprueba el Plan Rector de Uso y Gestión del Parque Nacional de los Picos de Europa en el ámbito de Castilla y León, con 23.580 hectáreas en la provincia de León. El documento regula conservación, uso público y actividades tradicionales en un espacio que integra 20 núcleos habitados dentro de sus límites.
Montaña Leonesa15 de diciembre de 2025RMLRML
PICOS DE EUROPA
PICOS DE EUROPA

El decreto da luz verde al instrumento de planificación pendiente desde la ampliación del parque en 2015 y fija el marco de gestión para el territorio autonómico incluido en el parque nacional. En conjunto, el Parque Nacional de los Picos de Europa suma 66.030 hectáreas repartidas entre Castilla y León, Asturias y Cantabria, y mantiene una singularidad en el sistema español de parques nacionales: la presencia de poblaciones dentro del perímetro protegido, heredera del antiguo Parque Nacional de la Montaña de Covadonga de 1918.

El PRUG ordena las líneas de actuación en materias clave, desde la conservación estricta y la zonificación hasta el uso público, los aprovechamientos, la investigación y la educación ambiental. Establece objetivos de planificación y criterios de gestión, y define normas de actuación en ámbitos como el patrimonio cultural y el paisaje, el desarrollo socioeconómico y la relación con el entorno. También incorpora una clasificación de usos y actividades, diferenciando aquellas incompatibles con los objetivos del parque, las compatibles pero no necesarias para su conservación, y las compatibles y necesarias para su gestión.

El documento incorpora directrices para elaborar programas sectoriales que desplegarán el plan en áreas concretas: conservación de recursos naturales, investigación, uso público, participación ciudadana y seguimiento. A la vez, fija criterios para redactar un plan de autoprotección, un punto práctico que, bueno, suele pasar desapercibido hasta que se necesita.

El PRUG introduce mecanismos de colaboración con otras administraciones e instituciones y establece un marco para integrar a titulares de derechos, además del régimen previsto para suprimir actividades consideradas incompatibles. Incluye indicadores para evaluar el estado de conservación y medir el grado de cumplimiento de los objetivos, un elemento pensado para que el plan no quede en papel.

En cumplimiento de la ley de declaración del parque nacional, el decreto incorpora un Plan Económico y de Compensaciones orientado a apoyar a quienes vean condicionada su actividad ordinaria por desarrollarla dentro del parque. Además, el PRUG articula instrumentos para la gestión integrada de otras figuras de protección presentes en el mismo ámbito, como la Reserva de la Biosfera de Picos de Europa, varias ZEC y espacios catalogados como monumento natural, entre otros.

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