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BOLETIN INFORMATIVO JUEVES 16 OCTUBRE 2025

El TSJCyL admite a trámite la demanda de la Plataforma León Sur contra el proyecto de energías renovables de Puente Castro

Amenazan con “impugnar” cada uno de los actos de la central de biomasa “financiada con fondos europeos que iban a ser destinados a los valles afectados por el cierre de las minas”.

Provincia16 de octubre de 2025RMLRML
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El Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León admitió a trámite el recurso contencioso-administrativo presentado contra la Junta de Castilla y León en relación con el Proyecto Regional de Energías Renovables de Puente Castro, según informaron este jueves desde la Plataforma León Sur. El Gobierno autonómico tiene ahora un plazo de veinte días para remitir el expediente administrativo y “justificar su legalidad”.
Para la Plataforma, esta decisión judicial supone “un paso importante” en su lucha “por defender la salud, la seguridad y el bienestar de los afectados”, frente a proyectos que “responden a intereses políticos y económicos alejados de la ciudadanía y que constituyen un auténtico pelotazo de fondos europeos”.
Fuentes de la plataforma, que calificaron al proyecto en cuestión como “el de la vergüenza”, denunciaron la intención de financiar el proyecto “con el desvío de fondos destinados a la transición ecológica y a la reindustrialización en las cuencas mineras del Bierzo, Laciana y la Montaña Central Leonesa”. Por este motivo, anunciaron que “impugnarán cada uno de los actos de la central de biomasa financiada con fondos europeos que iban a ser destinados a los valles afectados por el cierre de las minas”.
“Desde hace meses venimos denunciando que este proyecto no nace del consenso ni de la participación vecinal, sino de una política energética basada en subvenciones y beneficios privados, sin tener en cuenta los posibles impactos ambientales ni las consecuencias sobre la calidad del aire y la salud de la población”, afirmaron en un comunicado.
La Plataforma León Sur acusó hoy directamente al consejero de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio, Juan Carlos Suárez-Quiñones, y al alcalde de León, José Antonio Diez, de ser “los culpables de vender a su ciudadanía por 84 millones de euros”, ya que “a pesar de que deberían estar en las antípodas por las siglas que representan, van juntos de la mano detrás de las subvenciones”.

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