La MIMCyL reclama gestión forestal activa para prevenir nuevos incendios en Castilla y León

La organización trasladó su pésame a las familias de las personas fallecidas y heridos en los incendios, y mostró su apoyo a quienes sufrieron pérdidas personales, materiales o económicas. Recordó que el sector representa a más de 700.000 propietarios forestales, 2.600 empresas y 12.600 trabajadores, principalmente en entornos rurales, que sustentan la bioeconomía forestal en la comunidad.

La MIMCyL subrayó que los montes gestionados y aprovechados de forma sostenible presentan menor riesgo de arder. Reivindicó que la conservación del patrimonio natural debe basarse en el uso de sus recursos, entre ellos madera, resina, pastos, setas, piñón y castaña, y señaló la oportunidad de aumentar la tasa de extracción de madera, actualmente del 35%. Incrementar las cortas en montes públicos y privados, indicó, generaría empleo y riqueza, al tiempo que reforzaría la prevención de incendios.

El colectivo insistió en la necesidad de una colaboración estrecha entre administraciones, propietarios y empresas. Defendió la puesta en marcha de nuevos modelos de cooperación público-privada que faciliten la planificación forestal, los señalamientos y licitaciones, con apoyo específico a los pequeños propietarios y con la tecnología como aliada.

Entre las carencias detectadas, destacó la falta de infraestructuras adecuadas en muchos montes afectados por los incendios del noroeste peninsular. Reclamó reforzar la red de pistas forestales para garantizar un acceso rápido en caso de emergencia y pidió que la recuperación de las zonas quemadas incluya inversiones en viarios de calidad y bien distribuidos.

Otro de los puntos señalados fue el impacto del minifundismo, que dificulta la rentabilidad de muchas explotaciones. La MIMCyL reclamó medidas valientes con respaldo social que permitan afrontar este problema estructural y facilitar la gestión activa por parte de los propietarios privados, evitando el abandono de los montes.

El coste económico del abandono, advirtió, es elevado. Solo en 2025, Castilla y León afronta unas pérdidas estimadas de 782 millones de euros en Valor Añadido Bruto por sequías e incendios, cifra que podría superar los 2.000 millones en 2029 si no se adoptan medidas urgentes. La organización concluyó que cada euro que no se invierte en gestión forestal multiplica las pérdidas económicas, sociales y ambientales cuando el fuego devasta el territorio.