El TSJCyL paraliza cautelarmente algunas de las peatonalizaciones desarrolladas en el centro de León

El Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León estimó el recurso presentado por el Grupo Municipal del Partido Popular del Ayuntamiento de León contra la tramitación de algunas de las peatonalizaciones del centro de la capital leonesa y acordó suspender de forma cautelar la ejecución del bando municipal del 14 de noviembre de 2024, sobre “mejora de la movilidad en la ciudad con el establecimiento de nuevas áreas de prioridad peatonal”, así como los Decretos de Alcaldía anexos al mismo.
Concretamente, las que afecta la medida son Alfonso V, San Agustín, Gil y Carrasco, Alférez Provisional, Alcázar de Toledo -entre San Agustín y plaza de La Inmaculada-, Villabenavente -entre Arquitecto Torbado y Burgo Nuevo-, Fuero, Arco de Ánimas, Ramiro Valbuena, Carreras, Cubos, Pelayuelo y Pontón.
La sentencia, notificada ayer por el TSJCyL y facilitada hoy por el Partido Popular reconoce la “ilegalidad” de las actuaciones y acuerda la suspensión de los bandos de Alcaldía del Ayuntamiento de León que impedían el acceso libre de vehículos a las calles citadas en el bando, al considerar que “se ha actuado contra el ordenamiento jurídico y vulnerado los derechos fundamentales de los ciudadanos con sus decisiones”.
Así, el Tribunal aprecia que concurre ‘preiculum in mora’, es decir, que “el recurso puede perder su finalidad legítima de no otorgarse las medidas cautelares solicitadas” y considera que el otorgamiento de medidas cautelares “no produce perjuicio ninguno a los intereses de la administración ni de los leoneses”, al afirmar que “los concejales del PP actuaron en defensa de los intereses generales y que no concurren intereses particulares que puedan ser contrarios a los generales”, informa Ical.
El portavoz de los ‘populares’, David Fernández, señaló hoy, tras conocer la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León sobre las peatonalizaciones del Ayuntamiento de León que el alcalde, José Antonio Diez, “lleva 723 días vulnerando los derechos fundamentales de los leoneses mediante la restricción ilegal del acceso de los ciudadanos a algunas las calles del centro”, al iniciar unas obras cuyo fin era, según el propio contrato, crear un área de calmado de tráfico con el objetivo de imponer una Zona de Bajas Emisiones en la ciudad, algo “a todas luces innecesario, improvisado y mal planteado que carecía del aval de un proyecto técnico y también del soporte jurídico exigido por la ley”.
Ante esta situación, el Grupo Municipal del PP acudió al Procurador del Común de Castilla y León para que “el alcalde diera marcha atrás en su decisión de violentar los derechos de los leoneses de manera ilegal y unilateral”. Este se emitió en diciembre una “dura resolución” en la que “advertía al alcalde de la ilegalidad de sus actos y le instaba a revertir la situación, permitiendo el acceso a las calles en peatonalizadas ilegalmente mientras que no dispusiera de la preceptiva ordenanza que ha de amparar cualquier cambio en el uso de las vías públicas que conlleve una restricción de derechos ciudadanos y que además justificara con criterios ambientales, económicos y sociales esa decisión”.
“A pesar de las advertencias del PP y de los requerimientos del Procurador, el alcalde, amparado necesariamente por sus socios, inició una huida hacia adelante y se amparó en la publicación de una serie de bandos de Alcaldía para tratar de vestir jurídicamente sus decisiones ilegales. Bandos que fueron recurridos ante los tribunales por mi grupo municipal y que nos traen hoy a esta rueda de prensa”, señaló David Fernández, para quien esos bandos eran “un atajo torticero para justificar unas actuaciones que han generado un enorme caos en la ciudad y una situación de gravísima inseguridad jurídica para todos los leoneses”.
Por ello, en el mes de enero, el PP presentó un recurso contencioso impugnando esos bandos de Alcaldía en los que se establecía la nueva regulación para las calles peatonalizadas y se solicitaba el establecimiento de medidas cautelares dada la “grave ilegalidad que se estaba cometiendo, el grave atentado del alcalde contra los derechos fundamentales de los leoneses y el grave perjuicio económico que se estaba causando”. Esas medidas cautelares fueron denegadas en primera instancia en “un auto desconcertante”, que fue recurrido ante al Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León que ahora “ha dado la razón al grupo municipal del PP en sus denuncias”.
No obstante, David Fernández advirtió hoy que “el pleito principal continua”, de forma que en él “se ventilarán todas las acciones realizadas en ls calles afectadas, como las relativas a su regulación o al cambio de la finalidad del proyecto original por decisión unilateral del alcalde”. “El Partido Popular se va a encargar de trabajar para que todos los leoneses perjudicados por las decisiones caprichosas del alcalde puedan exigir responsabilidades”, añadió.
Asimismo, el ‘popular’ exigió al alcalde de León que “acate la decisión judicial y revierta el uso de las vías al estipulado en el contrato de obras de adecuación de las mismas”, así como la paralización de la actual tramitación de la nueva Ordenanza de Movilidad, por su contenido relativo a la ZBE, retirando el punto del orden del día del pleno ordinario de mañana.
También solicitó el inicio de un nuevo procedimiento de elaboración de una nueva Ordenanza de Movilidad en lo relativo a la ZBE, “ajustada a la ley, sincera y asentada sobre la premisa del diálogo de los grupos municipales y no sobre la unilateralidad del alcalde”, así como “responsabilidades y disculpas por la grave ilegalidad cometida y sostenida”.