Una venta bajo lupa en la farmacia de Pola de Gordón, el origen de la empresa comprada por el novio de Ayuso

Gloria Carrasco, mujer de Fernando Camino —presidente de Quirón Prevención—, compareció el 19 de junio ante la jueza María Inmaculada Iglesias en el Juzgado de Instrucción 19 de Madrid. Fue citada como investigada por presuntos delitos de corrupción en los negocios y administración desleal. La causa se enmarca en una pieza separada del procedimiento abierto contra Alberto González Amador, pareja de Isabel Díaz Ayuso, por fraude fiscal.

Según las acusaciones, Amador habría pagado 500.000 euros por la empresa Círculo de Belleza SL, una sociedad sin apenas actividad, que en 2020 contaba únicamente con un portátil y tres máquinas de depilación. Tanto la Fiscalía como la Agencia Tributaria sospechan que la operación fue, en realidad, una comisión encubierta relacionada con los contratos que Amador obtuvo con Quirón durante la pandemia, tras haber ganado dos millones de euros como intermediario en la venta de mascarillas.

Carrasco negó cualquier irregularidad en su declaración. Sostuvo que se trató de una venta legítima y negó que su marido tuviese relación alguna con la operación. Afirmó, además, que firmó los contratos sin conocer todos los detalles y que el negocio era independiente de su vínculo con Camino.

González Amador ya había declarado anteriormente en abril, defendiendo que la compra respondía al valor comercial de la red de contactos de la sociedad. Argumentó que no ocultó los ingresos relacionados con Quirón y negó cualquier intención fraudulenta. No obstante, la investigación mantiene la sospecha de que la empresa, luego renombrada como Masterman & Whitaker, fue utilizada como pantalla para desviar ingresos y evitar impuestos.

Amador se enfrenta actualmente a cinco delitos: fraude fiscal, falsedad documental, corrupción en los negocios y administración desleal. A pesar de sus intentos por limitar la participación del PSOE y Más Madrid como acusación popular, el juzgado ha validado su personación al considerar la relevancia pública e institucional del caso.

La declaración de Carrasco será clave para determinar si la transacción fue una tapadera o una operación empresarial legítima. La instrucción continúa, con nuevas pruebas y contratos bajo la lupa, mientras se intensifica la presión judicial sobre el entorno más cercano de la presidenta madrileña.