
La Junta destina siete millones a las entidades locales para que contraten a más de 1.000 personas con discapacidad
Las entidades locales interesadas podrán presentar su solicitud durante un plazo de 20 días naturales.
Demandan un rápido acuerdo entre Gobierno y aseguradoras para no poner en peligro la calidad asistencial de los ciudadanos españoles.
España14 de octubre de 2024Desde la Asociación Española de Consumidores demandan una solución para acabar con la incertidumbre actual que tienen 1,5 millones de empleados públicos acogidos a MUFACE tras el enfrentamiento actual entre empresas aseguradoras con el Gobierno de España.
Así, insisten en volver a retomar las negociaciones y que se llegue por fin a un acuerdo económico para dar solución a la cobertura sanitaria de estos ciudadanos españoles.
Hay que tener en cuenta que con la cobertura baja que existía hasta ahora la calidad asistencial estaba bajando considerablemente según nos han indicado en diferentes ocasiones los mutualistas.
Pero, además, a juicio de la Asociación Española de Consumidores, este problema podría llegar a provocar un auténtico problema para la sanidad pública en tanto que si desaparece MUFACE la mayoría de funcionarios pasarían a la sanidad pública y ello conllevaría una mayor carga de trabajo para los profesionales, un aumento de los tiempos de espera en citas o de las listas de intervenciones quirúrgicas o en los especialistas. Por ello esta preocupación de la Asociación Española de Consumidores que podrían conllevar la caída de ambos sistemas por falta de medios.
En la Asociación Española de Consumidores creen en la colaboración público-privada en la sanidad, lo que se venía realizando de manera positiva con MUFACE. Entendemos que ambos sistemas deben pervivir y que sea ya el ciudadano el que elija la atención que quiera recibir.
Esto además se une al problema de financiación de las Comunidades Autónomas que verían incrementada su factura sanitaria de manera considerable con la falta de medios humanos y materiales que existe actualmente.
Por todo ello, pero sobre todo por ofrecer certeza y solución al 1,5 millón de funcionarios, desde la Asociación Española de Consumidores se pide una solución al problema generado antes de que se ocasionen graves perjuicios a nuestro sistema sanitario.
Las entidades locales interesadas podrán presentar su solicitud durante un plazo de 20 días naturales.
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