ASAJA considera insuficientes las ayudas del Gobierno para los afectados por los incendios

ASAJA sostiene que las cantidades —entre 1.500 y 10.000 euros por explotación afectada, y entre 6.000 y 16.000 euros para quienes cuentan con seguro agrario— “no cubren ni de lejos las necesidades básicas” de los agricultores y ganaderos damnificados. La organización cifra en más de 200 millones de euros las pérdidas reales del sector y alerta de que el modelo de compensación establecido es “injusto e ineficaz”.

El colectivo denuncia además que varios municipios rurales, especialmente en Galicia, han quedado excluidos de la convocatoria pese a haber sufrido los efectos de los incendios. También advierte de que los requisitos administrativos —como haber declarado ingresos agrarios superiores a 1.000 euros o disponer de todas las explotaciones registradas— podrían dejar fuera a numerosos pequeños productores.

ASAJA recuerda que más de 1.500 ganaderos de extensivo se han visto gravemente afectados, con pérdidas totales de animales, instalaciones y viviendas, además de miles de hectáreas de pastos y cultivos destruidos. La organización critica que el cálculo de las ayudas sobre el 20 % de los ingresos declarados en 2024 no servirá para aliviar la situación, dado que muchos agricultores apenas obtuvieron beneficios ese año por la crisis de precios.

Desde ASAJA Galicia, su presidente Francisco Bello advierte de que la inclusión de las ayudas dentro del régimen europeo de minimis podría limitar la capacidad de respuesta ante futuras crisis. También reprocha la exclusión de ayuntamientos rurales que sufrieron la ola de incendios, lo que, afirma, agrava la sensación de abandono del medio rural.

Ante esta situación, ASAJA reclama un plan de apoyo extraordinario que incluya ayudas directas más potentes, líneas de crédito bonificadas, reducciones fiscales, moratorias en préstamos y exenciones en las cuotas de la Seguridad Social.
La organización pide una respuesta “firme, ágil y real” para las familias rurales afectadas y advierte de que las medidas actuales “no están a la altura del drama que viven miles de explotaciones”.