La Junta gestiona 3.548 montes de utilidad pública que aportan 40 millones a los ayuntamientos

Más de la mitad de este montante global proviene de la madera -incluyendo leña y biomasa-, con más de 23 millones. En la provincia de Burgos, los 668 montes (320.000 hectáreas) suponen siete millones de euros al año, correspondiendo 3,8 a la madera.

Suárez-Quiñones ha recordado estos datos en la visita que ha realizado esta mañana al Monte Hijedo, a caballo entre Castilla y León y Cantabria; este entorno tiene una gran masa de robledal, de las tres más importantes de España, de la que existen referencias hace más de 1000 años.

La parte de Castilla y León cubre 1.650 hectáreas, la mayor parte del Monte de Utilidad Pública 303 en territorio de los municipios burgaleses de Alfoz de Santa Gadea y Arija.

Por otro lado, la gestión forestal es una garantía de conservación y, gracias a ella, el monte Hijedo es hoy una zona especial de conservación y el modelo de gestión de la Junta de Castilla y León en los montes de utilidad pública permite aplicar una gestión forestal sostenible por medio de profesionales cualificados y, al mismo tiempo, que las entidades propietarias participen en la gestión y reciban los beneficios del aprovechamiento sostenible.

La gestión forestal debe ser integral e incluir las masas de frondosas autóctonas y, en su estado actual, lo que procede es hacer claras, ya que el estado de recuperación del monte propicia una cobertura regular excesivamente densa para un correcto desarrollo y vitalidad de los árboles.

De momento se obtiene sobre todo leña, pero si se aplica la selvicultura adecuada en el futuro, se producirá madera de mucha más calidad y valor, al tiempo que se fomentará la conservación de los valores naturales y de los servicios ecosistémicos.

INCENDIOS FORESTALES
La organización de la ganadería, incluyendo el acotamiento de las zonas quemadas, es la clave para la prevención de incendios.

En esta zona se ha pasado de una tradición de quema de pastizales para su renovación a un mantenimiento mediante desbroces, en el que colaboran los propios ganaderos, las entidades propietarias y la Junta.

Así, la reducción tanto en el número de incendios como en la superficie quemada en el norte de Burgos ha sido evidente, pasando de una media de más de 120 incendios anuales hace 20 años a menos de 30 en la actualidad.

Para lograr estos resultados, las medidas de organización del pastoreo han ido acompañadas de la puesta en marcha por parte de esta Consejería de planes silvipastorales, siendo tal vez la comarca de Castilla y León más paradigmática en cuanto a la aplicación de estas medidas y su resultado territorial.

En el actual Programa de Desarrollo Rural 2014-2020 -ampliado al período 2014-2022, con pagos hasta 2025-, dentro de las medidas forestales se han aprobado y pagado 781 solicitudes de planes silvopastorales por un importe de 28.388.997,93 euros y en una superficie de 35.486,25 hectáreas.

En el actual Plan Estratégico de la Política Agrícola Común (PEPAC), se prevé dar continuidad a este programa de ayudas silvopastorales con una primera convocatoria en el año 2025 por importe de 10 millones de euros.

Esta labor silvipastoral se complementa con la que llevan a cabo en la masa forestal de los MUP las cuadrillas Romeo del Operativo de Prevención y Extinción de Incendios Forestales de Castilla y León (INFOCAL).

El acuerdo del Diálogo Social de septiembre de 2022 ha dado lugar a un incremento sustancial de la duración de los contratos de estas cuadrillas y el número de personas contratadas en los distintos meses, multiplicando así la capacidad de abordar labores silvícolas y preventivas.

En concreto, su coste se elevará en 2024 a 45 millones de euros en toda Castilla y León, cuando en 2022 apenas llegaba a 25.