Las personas con sordoceguera que viven en Castilla y León reclaman su "plena inclusión" en la sociedad y recuerdan sus necesidades especiales para poder ser ciudadanos de primera.
CyL18 de junio de 2024
RML
En un acto celebrado en la Sede de la ONCE en Valladolid, personas con sordoceguera y sus mediadores han presentado la imagen de los cinco millones de cupones que la organización dedica al Día Internacional de las Personas con Sordoceguera, "para dar así visibilidad a esta realidad social, aún muy desconocida", señalan a través de un comunicado.
En el mismo se han dirigido a estudiantes del Grado de Trabajo Social de la UVA y de integración Social del Centro de F.P Gregorio Fernández de Valladolid.
La sordoceguera es una discapacidad única que surge como consecuencia de la combinación en una misma persona de una discapacidad visual y auditiva. Afecta a 15 de cada 100.000 habitantes, por lo que, en España, a falta de un censo definitivo, incluye alrededor de 9.000 personas, de las que más de 3.200 están afiliadas a la ONCE y de ellas 296 viven en Castilla y León. "Se trata de un grupo muy heterogéneo, dado que algunas personas sordociegas no oyen ni ven nada, mientras que otras pueden tener algún resto de visión o audición en diferente grado", detalla el comunicado.
La Federación de Caza de Castilla y León reiteró su oposición a que el control telemático de capturas sea obligatorio durante la práctica cinegética. La entidad sostiene que este sistema, aplicado especialmente a la caza de jabalí, introduce un nivel de exigencia que dificulta el desarrollo normal de la actividad y no tiene equivalentes en otras comunidades autónomas.
La Policía Nacional detuvo durante la madrugada de ayer a dos varones, hermanos entre sí, como presuntos autores de daños en varios vehículos en San Andrés del Rabanedo. La intervención se produjo tras el aviso de un vecino que presenció los hechos y señaló la dirección en la que se desplazaban.
La Federación de Caza de Castilla y León reiteró su oposición a que el control telemático de capturas sea obligatorio durante la práctica cinegética. La entidad sostiene que este sistema, aplicado especialmente a la caza de jabalí, introduce un nivel de exigencia que dificulta el desarrollo normal de la actividad y no tiene equivalentes en otras comunidades autónomas.
La Guardia Civil detuvo a dos mujeres vecinas de Valderas (León) como presuntas autoras de un delito de hurto cometido en una tienda de un centro comercial de Arroyo de la Encomienda (Valladolid). Las arrestadas fueron sorprendidas con productos valorados en más de 500 euros, que pudieron ser recuperados tras la intervención de los agentes.
Unión del Pueblo Leonés (UPL) denunció en el pleno de las Cortes de Castilla y León los retrasos y la falta de ejecución de distintos proyectos comprometidos por la Junta en las provincias de León, Zamora y Salamanca. La formación situó el foco en infraestructuras sanitarias, educativas y de comunicaciones que, sostienen, se anuncian de forma reiterada sin materializarse.
El Observatorio Económico regional de Ecova sitúa a Castilla y León en una “estabilidad frágil” y señala como uno de los principales riesgos el uso ineficaz del dinero público en muchos municipios, donde se impulsan inversiones sin planificación real, copiando modelos ajenos y sin capacidad de gestión para mantenerlas en el tiempo.
El pleno extraordinario urgente del 9 de diciembre recoge que el Ayuntamiento de Boñar aprobó con votos del PSOE, PP e IU un suplemento de crédito y el levantamiento de reparos para proceder a pagos pendientes. En el mismo expediente, la secretaria-interventora interina deja por escrito un punto “grave”: una partida presupuestaria con -33.805,28 euros en negativo sin explicación documental localizada.
El Procurador del Común ha comunicado la inclusión del Ayuntamiento de Boñar en el Registro de Administraciones y Entidades no colaboradoras tras reiterar la petición de información y constatar falta de respuesta. En paralelo, el pleno extraordinario urgente del 9 de diciembre (celebrado al amanecer y sin la publicidad que exige el procedimiento administrativo) aprobó por unanimidad de los asistentes suprimir de futuras actas las intervenciones del público “ajenas al contenido estrictamente plenario”, una decisión que reduce la huella escrita de la crítica vecinal.