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La Junta será "muy beligerante" para defender la libertad de las 138 empresas instaladas en CyL procedentes de Catalunya

Fernández Carriedo asegura que recurrirá ante los tribunales "si hay decisiones que perjudican a los trabajadores y de las empresas"

CyL 11 de enero de 2024 RML
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FERNANDEZ CARRIEDO - EP

El portavoz de la Junta de Castilla y León, Carlos Fernández Carriedo, ha garantizado que el Ejecutivo regional será "muy beligerante" en la defensa de la libertad de las 138 empresas instaladas en Castilla y León procedentes de Cataluña desde que se celebró el 'procés' en 2017.

En la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno Fernández Carriedo se ha referido al impacto que supondría el reclamo de Junts para garantizar la vuelta de empresas que salieron de Cataluña desde 2017 a cambio de respaldar la investidura de Pedro Sánchez y facilitar la aprobación de los decretos del Gobierno con su decisión de no votarlos ayer en el Pleno del Congreso.

"Nadie debe condicionar la estancia de las empresas, no sabemos en qué consistirán esas medidas que ha anunciado Junts, pero que el Gobierno ha callado, no sabemos qué impacto puede tener sobre las empresas", ha señalado, tras lo que ha garantizado que estas industrias trasladadas desean permanecer en Castilla y León, ya que tomaron la decisión de salir de Cataluña con el fin de dar continuidad a su actividad en la Comunidad. "Para ellos es un disgusto ver que hay un Gobierno que toma partido de unos territorios contra otros", ha afeado.

Para el también consejero de Economía y Hacienda de la Junta una decisión como la exigida por Junts "atenta claramente contra la libertad de las empresas, contra los principios constitucionales y contra los principios constitutivos de la propia Unión Europea". "Aquí vamos a ser claramente muy beligerantes defendiendo la igualdad y la libertad porque ellos decidieron venir aquí y quieren seguir aquí y no creemos que el Gobierno deba hacer nada que cree disfunciones intentando cambiar una decisión que tomaron en plena libertad", ha relatado.

"Si hay decisiones del Gobierno que perjudican los intereses de los trabajadores y de las empresas, que crean discriminaciones y atentan contra la libertad, esto lo tienen que saber tanto Puigdemont como Pedro Sánchez", ha garantizado Fernández Carriedo, quien ha insistido que desde la Junta se analizarán todo tipo de acciones porque "los ciudadanos y las empresas de Castilla y León no son ciudadanos y empresas con menos derechos que los ciudadanos y empresas de otras comunidades autónomas".

En este sentido, el portavoz de la Junta ha defendido la necesidad de dar seguridad jurídica y confianza para fomentar las inversiones, un punto en el que ha insistido en que el Gobierno de Castilla y León no se va a quedar callado. "Somos una Comunidad leal al proyecto de España, pero también somos una comunidad autónoma que está decidida a defender los intereses de sus trabajadores y de sus empresas", ha relatado.

De este modo, ha insistido en la necesidad de conocer lo pactado por Pedro Sánchez con Junts y ha urgido a la convocatoria de una Conferencia de Presidentes para conocer cómo afectan estas decisiones al resto de autonomías.

Fernández Carriedo se ha referido además a la publicación de las balanzas fiscales como ha requerido Cataluña y ha sido claro al insistir en que "los impuestos son los ciudadanos, no los territorios". "Esta idea de que se hagan unas balanzas fiscales por territorios con el objetivo de analizar posibles déficits fiscales y que de eso se deriven consecuencias me parece muy injusto".

"Nosotros defendemos claramente que los impuestos se pagan en función de la capacidad contributiva y los servicios se reciben en función de las necesidades", ha relatado.

"El Gobierno de España tendría que ser el primer garante de la estabilidad y la seguridad jurídica en España, no a cambio de 15 días más de estabilidad parlamentaria poner en riesgo lo que es la igualdad entre los españoles y la libertad de las empresas", ha concluido el portavoz.

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