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La iniciativa formal exige la eliminación inmediata de estos elementos en el ámbito docente para dar cumplimiento a la legislación vigente. El colectivo sostiene que la permanencia de estos emblemas vulnera la Ley de Memoria Histórica de 2007 y la posterior Ley de Memoria Democrática aprobada en 2022, las cuales prohíben de forma explícita la exhibición pública de símbolos que enaltezcan la dictadura.
Junto a la petición de retirada, la reclamación plantea la ejecución de actuaciones pedagógicas en las aulas. La propuesta busca explicar al alumnado el contexto histórico y los motivos por los que las instituciones públicas no deben mantener elementos de exaltación dictatorial en sus instalaciones. En el escrito remitido a la administración central se remarca que la presencia de esta iconografía resulta especialmente grave en recintos educativos, donde la norma encomienda la promoción de los valores democráticos.
La queja documenta la existencia de inscripciones y escudos en diversos puntos de la geografía nacional. Entre los casos señalados en el expediente figuran instalaciones escolares de Villamor de los Escuderos, Villar del Olmo o la Facultad de Comercio y Turismo de Madrid. Desde la presidencia de la asociación, encabezada por Emilio Silva, se advierte de que el mantenimiento de estas insignias normaliza la simbología del régimen anterior entre los estudiantes y constituye un ejemplo inadecuado en el proceso de aprendizaje.
El texto registrado insta al Ejecutivo central a aplicar de forma estricta los mandatos fijados por el Congreso de los Diputados, garantizando que el espacio escolar quede libre de distintivos contrarios a la memoria democrática.
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