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El Consejo de Gobierno ha aprobado la asignación de 3,73 millones de euros para la constitución de tres cuadrillas terrestres destinadas a tareas preventivas, trabajos de conservación del medio natural e intervención directa en incendios forestales. El encargo, adjudicado a la empresa pública TRAGSA, mantendrá estos operativos activos de forma continuada durante todo el año hasta abril de 2028.
El despliegue fija una inversión dividida en partes proporcionales para cubrir áreas forestales de León, Segovia y Burgos. En el caso leonés, la partida de 1,24 millones de euros sostendrá una unidad centrada en los municipios de Acebedo, Boca de Huérgano, Burón, Oseja de Sajambre, Posada de Valdeón, Riaño, Puebla de Lillo y Prioro, adscritos a las comarcas forestales de Riaño, Boñar y Cistierna.
La provincia de Segovia recibirá una partida equivalente de 1,24 millones de euros para actuaciones en la comarca de Riaza, abarcando los términos municipales de Sepúlveda, Riaza, Castillejo de Mesleón, Cerezo de Arriba, Santo Tomé del Puerto y Ayllón. Por su parte, Burgos dispondrá de 1,25 millones de euros para cubrir demarcaciones de las comarcas de Lerma y Aranda de Duero, afectando a municipios como Madrigal del Monte, Torrepadre, Peral de Arlanza, Villahoz, Santa María del Campo, Lerma, Nebreda, Tordomar, Olmillos de Muñoz, Quemada, Tubilla del Lago, Villanueva de Gumiel, Nava de Roa, Olmedillo de Roa, Fuentenebro, Aranda de Duero y Baños de Valdearados.
Cada uno de los tres grupos estará compuesto por siete profesionales, integrados por un jefe de cuadrilla y seis peones especialistas. Sus funciones principales abarcan desbroces, clareos, podas, adecuación de pistas, limpieza de caminos, instalación de pasos de agua, apertura de áreas cortafuegos y retirada de estructuras deterioradas en el monte, manteniéndose movilizables ante cualquier conato de incendio.
Con esta incorporación, el dispositivo público de extinción alcanzará a finales de este año las 71 cuadrillas terrestres gestionadas a través de TRAGSA. La planificación institucional prevé completar la transición hacia un modelo público en la totalidad de las unidades del operativo INFOCAL para el año 2028.
