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El procedimiento jurídico tiene su origen en las convocatorias publicadas para la financiación de largometrajes y cortometrajes durante el año dos mil veintiséis. El texto regulador autonómico condiciona el acceso a las partidas presupuestarias mediante una regla explícita que prohíbe el uso de fondos públicos en propuestas que impliquen adoctrinamiento ideológico o respaldo explícito a opciones políticas, una condición calificada como el regreso de la censura.
La revisión del texto por parte del Ministerio de Cultura concluye que estas cláusulas otorgan un amplio margen de arbitrariedad a la hora de valorar los proyectos presentados. A juicio del órgano regulador, establecer filtros previos basados en el contenido temático constituye una vulneración directa de los derechos constitucionales de los creadores y limita el libre desarrollo del sector cinematográfico.
La formalización de este requerimiento frena temporalmente la gestión de las partidas económicas destinadas a los productores. La tramitación permanecerá a la espera de la resolución administrativa de la administración autonómica o de la decisión dictada por la jurisdicción contencioso-administrativa.
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