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El Banco de España completó la resolución de 534 reclamaciones genéricas presentadas por usuarios financieros en Castilla y León a lo largo del pasado ejercicio, cifra que representa un descenso del 7,8 por ciento respecto a 2024. Dentro de este volumen, los expedientes originados por situaciones de fraude en el uso de tarjetas y transferencias experimentaron un incremento del 19,7 por ciento. Esta tipología se ha consolidado como el motivo más frecuente de conflicto, acaparando el 31,8 por ciento del total de casos admitidos a trámite. El reparto territorial muestra una clara concentración de la actividad administrativa, con la mitad de las resoluciones circunscritas a clientes residentes en las provincias de León y Valladolid.
En segundo lugar se sitúan los litigios relacionados con el cobro de comisiones y gastos de mantenimiento. A diferencia del fraude electrónico, esta categoría registró una caída interanual del 24,8 por ciento. El balance global de las resoluciones emitidas resultó favorable para el usuario en más de la mitad de las ocasiones. Este índice de estimaciones propició la devolución directa de 145.181 euros a los clientes de la comunidad, una cuantía que supone un 48 por ciento menos que el importe recuperado el año anterior.
Las cifras definitivas de 2025 fijan el número total de quejas registradas en la comunidad en 1.421, lo que equivale al 4,6 por ciento del volumen nacional. Este apunte marca una disminución del 37,2 por ciento frente a los datos del ciclo previo. El descenso general responde a la estabilización de los registros tras un 2024 de actividad extraordinaria, impulsada entonces por las reclamaciones masivas derivadas de la sentencia del Tribunal Supremo sobre la distribución de los gastos de formalización hipotecaria.
El proceso de evaluación inicial determinó la admisión del 37,6 por ciento de las solicitudes formuladas. La mayor parte de los rechazos se produjo porque los afectados no habían cursado la reclamación obligatoria previa ante el servicio de atención al cliente de su respectiva entidad. Otros casos fueron desestimados al tratar sobre materias ajenas a las competencias del organismo.
La gestión de estos expedientes busca garantizar una relación equilibrada y transparente entre el sector financiero y su clientela. La intervención facilita la resolución extrajudicial de conflictos económicos y fomenta el cumplimiento de buenas prácticas en el mercado.
